El acuerdo municipal que faculta a la Alcaldía para hacer de las empresas agentes de retención de impuestos podría derivar en un aumento de costos de producción y, por tanto, en el encarecimiento de los precios para los consumidores.
Según el Acuerdo Municipal 95 de septiembre de 2011, las empresas que facturan más de cinco millones de dólares podrán ser seleccionadas como agentes de retención. En ese caso, deberán verificar si sus proveedores están al día en el pago de impuestos municipales. Si la empresa encuentra que su proveedor no está paz y salvo, tendrá que retener cinco dólares por cada mil dólares en las operaciones que formalicen.
Para cumplir la medida, las empresas se verían obligadas a destinar personal a estas funciones.
Según Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), los costos de ese trabajo se cargarían a los productos que se manufacturen y, por lo tanto, repercutirán en lo que pague el consumidor final.
La medida no es de fácil ejecución, entre otras cosas, porque muchas empresas tienen proveedores de fuera del Municipio de Panamá. El personal encargado de esta tarea deberá hacer de fiscalizador de sus proveedores y esto, en algunos casos, podrá generar tensión en la relación comercial.
El presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Enrique Asensio, cifró en un 1% o 2% el aumento que la aplicación de la medida causará a las empresas de construcción. “En la parte de construcción tendríamos que estar revisando qué contratistas están en el Municipio y quiénes no”, explicó el empresario, que además lamentó que “son más complicados los impuestos municipales que los nacionales”.
La norma fue aprobada en la época de Bosco Vallarino, pero su reglamentación corresponde a Roxana Méndez, actual alcaldesa, que también seleccionó a las cinco primeras empresas en un plan piloto de la medida.
Aunque su ejecución todavía no es mayoritaria, la estructura legal ya está creada.
Para las empresas, no solo se trata de un traspaso a la esfera privada de una función municipal, sino que, además, la iniciativa contraviene la ley. “Es una medida totalmente ilegal que va en contra de la Constitución y del Código Fiscal. No podemos aceptar esta posición”, dijo Diez, que además cuestionó el origen de la norma. “La intención del Municipio es recuperar más plata para ver en qué se la van a gastar”, apuntó.
Los empresarios exigen la derogación de la medida. La Asociación Bancaria de Panamá incluso demandó de inconstitucionalidad el texto íntegro del acuerdo municipal. Desde su punto de vista, viola la Constitución porque los impuestos deben ser regulados por una ley de la República y un acuerdo municipal es una norma de menor rango.
Con el liderazgo del Conep y la Cámara de Comercio, los gremios han hecho gestiones con la Tesorería Municipal para detener la aplicación del acuerdo. La dependencia indicó en una carta a los empresarios que se revisaría la medida legal, pero a su vez adjuntó un listado de 574 empresas que serían susceptibles de ser seleccionadas como agentes de retención.
La Prensa llamó ayer de nuevo a la tesorera municipal, Ivis Moreno, para que explicara el origen de esta iniciativa, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.