Procesos judiciales “largos”—algunos que han cumplido 16 años en los tribunales de justicia— van en detrimento de la libre competencia en Panamá.
Las empresas demandadas siguen afectando al mercado y “no tienen un castigo a corto plazo por sus actos violatorios a las normas”. Esta es una de la conclusiones que brinda un informe técnico de la Dirección Nacional de Libre Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
En estos momentos, la única figura que está contribuyendo a cerrar los largos procesos es la transacción judicial o acuerdos con las empresas. Con este método, los agentes económicos en un período no muy largo acuerdan no practicar conductas restrictivas de la competencia y pagan al tesoro nacional por las pasadas actuaciones.
Sin embargo, se destaca que bajo este esquema los montos que se imponen son “inferiores” a las sanciones por infracciones a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que van hasta $1 millón por prácticas monopolísticas absolutas y $250 mil por prácticas relativas.
Es por ello que esta dirección, a cargo de Harmodio Cedeño Espinosa, insiste en que los casos de defensa de la competencia deberían ser decididos por la Acodeco, ya que como entidad encargada de esta materia “velaría de manera rápida y eficaz” y sancionaría a los culpables por afectar el mercado con estas prácticas que afectan la economía del país y por ende al consumidor.
El referido informe, que se denomina Análisis de la duración de los procesos judiciales por prácticas monopolísticas interpuesto ante los tribunales de justicia por la Acodeco, destaca que hay casos con casi 16 años en debate.
Se trata de un caso contra cinco aerolíneas que fueron demandadas en 2001 por ponerse de acuerdo en reducir las comisiones al 6% a las agencias de viaje por la venta de pasajes aéreos.
La Acodeco mantiene actualmente 24 investigaciones por prácticas monopolísticas.
Tiene además —hasta este mes de abril— 10 casos en los tribunales de justicia, brinda asesoría al Gobierno en tres casos por abogacía de competencia, analiza cinco concentraciones económicas o fusiones empresariales y hay en trámite una transacción extrajudicial.
“Prácticamente la totalidad de los casos que hemos demandado en los últimos meses son casos de colusiones en licitaciones pública, particularmente de licitaciones del Meduca [Ministerio de Educación] por los programas del vaso de leche, la galleta nutricional y las mochilas escolares”, dijo el administrador de la Acodeco, Óscar García Cardoze.
El funcionario indicó que la institución se enfoca en actos de colusión, porque puede ocurrir que el Estado quedé pagando más dinero del que debería.
García Cardoze también reconoció que los largos procesos siguen siendo un problema, que solo se resolvería con un cambio legal.