El Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) fue creado en 1974 con el nombre de Fondo Especial de Nivelación de Intereses por uno de los más prestigiosos economistas panameños y conocedor de la realidad económica y social de Panamá, como un instrumento de política pública cuyo objetivo es el de corregir una falla estructural de nuestra economía, ya que como decía Nicolás Ardito Barleta, sufre de una macrocefalia, es decir, una cabeza grande para un cuerpo pequeño, o sea un centro urbano dedicado al comercio y a la logística de transporte dinámico y vigoroso que está rodeado de áreas rurales dedicadas a la ganadería y la agricultura débil y de lento crecimiento.
Para los productores agropecuarios que aún no lo saben, el fondo, que hoy ronda los 220 millones de dólares anuales, se alimenta en términos generales de una sobretasa al interés pactado del 1% que le aplican los bancos a todos los créditos personales y comerciales mayores de $5 mil, para luego ser trasladado: el 50% ($110 millones anuales) al sector agropecuario y 50% ($110 millones) al sector vivienda, a través de una tasa de descuento que le aplican los bancos a todos los créditos agropecuarios (hoy es de 4%) y a los créditos para la compra de viviendas nuevas menores de $60 mil, que hoy ronda el 6.5%.
Este importante instrumento de política pública, envidiado por los países vecinos, se estructuró para que fuera gestionado por el sistema bancario panameño, que hoy, con un dólar fuerte, nos resta competitividad, mientras que el avance de los términos pactados por los gobiernos en los tratados de libre comercio, cobra una gran importancia.
La ley incluyó al Banco de Desarrollo Agropecuario como el único banco de fomento agropecuario del país al que se le asigna anualmente una cuota baja del fondo.
La preocupación de los productores es que no sabemos si obedece a un problema genético, histórico, o tal vez político, pero lo que viene sucediendo con el FECI a partir del gobierno pasado, de darle el 12.5% del fondo al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y lo que pretenden hacer en la Asamblea Nacional con el proyecto de ley N° 110 no es conveniente. Están utilizando el fondo para solventar programas del gobierno central, cambiando el concepto original del FECI.
En mi opinión, una parte del FECI debe ir a subsidiar en un 100% el pago de los intereses por los 10 primeros años de los préstamos para la compra de viviendas populares. Incluso que se les regale los $10 mil de enganche a los que adquieren estas viviendas, es bueno, porque le da dinamismo a la construcción y apunta a un sector de la población de bajos ingresos de las área urbanas. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué no es lo mismo para el pequeño productor agropecuario?, ese que con su tierra produce el equivalente al salario de un trabajador del centro urbano.
Entendemos el desinterés de la banca privada por los créditos agropecuarios de menor cuantía, ya que los gastos que genera el manejo de estos créditos son altos y el 4% de la tasa de descuento no les permite competir con la banca estatal.
Es por ello que en vez de darle al sector público agropecuario el 75% del FECI, para que se lo gaste en programas sin contenidos, de corto plazo y con fines políticos, mejor que vayan al FECI y que la Superintendencia de Bancos fije la tasa de descuento al 7% a todos los créditos agropecuarios menores de $60 mil y 5% a los de mayor cuantía.
Los productores agropecuarios sabemos los retos que estamos enfrentando con la apertura comercial y que el tiempo es nuestro principal enemigo, es por ello que desconfiamos de que los recursos del FECI sean manejados por el Gobierno, contraviniendo el espíritu de la Ley 4. Esperamos que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo entiendan la importancia del FECI y que en vez de profundizar el desatino del gobierno pasado, lo corrijan y lo dirijan hacia el objetivo original.
