Las repetidas modificaciones de los límites de déficit, el hecho de que la relación entre deuda y producto interno bruto (PIB) no tenga límite legal y las continuas revisiones a los registros pasados del déficit son algunas de las deficiencias que señala la agencia Fitch Ratings sobre la credibilidad fiscal de Panamá, lo que supone una restricción para el crecimiento de la calificación de riesgo del país.
La agencia de rating emitió ayer un comunicado referente a la Ley 102, que modifica un artículo de la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal.
La norma eleva los límites de déficit fiscal para 2019 y los años sucesivos. Para este año, el límite pasó de 2% a 3.5% del PIB, lo que le dará al Gobierno margen para un déficit de unos $2,400 millones.
El sector público no financiero incurre en déficit fiscal cuando los gastos son superiores a los ingresos.
La agencia recuerda que la recaudación fiscal se ha quedado corta en comparación con la actividad económica. En la primera mitad del año, los ingresos registraron una caída de 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior mientras que la economía tenía crecimiento positivo, aunque desacelerado.
Esa diferencia entre el desempeño de la economía y de los ingresos podría apuntar a asuntos estructurales, señala Fitch en su comunicado.
La agencia pronostica que este año la economía crecerá 3.3%, un ritmo que sería inferior al registrado en 2018 (3.7%), debido a la ralentización de los sectores de la construcción y el comercio.
Para el próximo ejercicio, se espera que la actividad económica se recupere hasta 4.5%, impulsada por la producción de cobre en la mina de Colón.
Los nuevos límites de déficit darán al Gobierno de Laurentino Cortizo más capacidad de gasto este y los próximos años. El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, proponente de la Ley, explicó anteriormente que con el espacio fiscal obtenido este año se podrían inyectar en la economía alrededor de $1,000 millones adicionales.
De igual modo, el Gobierno tendrá mayor espacio fiscal en los años 2020, 2021 y 2022, respecto a los límites previamente establecidos.
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal entró en vigor en 2009, siendo el mismo Alexander, ministro de Economía. Al establecer unos límites legales al déficit, se pretendía que la ley ejerciera cierto control sobre el nivel de gasto del Gobierno. No obstante, como recuerda Fitch, esta última modificación sigue un patrón de 10 años de posposición de las metas de consolidación. La anterior se había plasmado en la Ley 51 de octubre de 2018, apenas hace un año, y también sirvió para relajar los límites de déficit.
Un mayor nivel de déficit se traducirá en el aumento de la deuda pública, que al 30 de septiembre sumaba $28,644.4 millones.
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal establece como objetivo no superar el 40% en la relación entre deuda neta y el PIB. Ese límite -que es indicativo, no obligatorio-, será sobrepasado en 2021, según la agencia.