El acumulado de ingresos corrientes del Estado al mes de octubre ascendió a $4,937 millones, $41 millones más que en el mismo periodo del año anterior, pero $364.4 millones (6.9%) menos de lo que se había presupuestado para esta fecha.
Como referencia, la cifra es tres veces superior al presupuesto de todo el Órgano Judicial para 2015, que entre funcionamiento e inversión gastará $120 millones.
El faltante en la recaudación del Estado se produjo principalmente en los ingresos tributarios, que totalizaron $3,845.6 millones, $479.8 menos (11.1%) de lo presupuestado.
En los impuestos directos, alimentados principalmente por el impuesto sobre la renta a empresas y personas naturales, la recaudación fue de $1,917 millones, 11.2% menos de lo previsto.
Los impuestos indirectos, entre los que destaca el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms), los ingresos fueron de $1,928 millones, $238 millones menos de lo que había contemplado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entonces liderado por Frank De Lima, en la elaboración del presupuesto de 2014.
El comportamiento de la recaudación tributaria contradice la tendencia económica. Los ingresos acumulados al mes de octubre son 1.8% inferiores a los recibidos en el mismo periodo del año anterior, mientras que la economía está creciendo a un ritmo superior al 6%.
Desde la actual administración del MEF y de la Dirección General de Ingresos (DGI) se ha señalado, entre las causas de estos desbalances, tanto al aumento artificial de los ingresos presupuestados como a la deficiente gestión de la antigua Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos (ANIP).
La menor entrada de ingresos y el aumento del gasto hacen que este año se esté disparando el déficit fiscal, que en última instancia se tiene que financiar con más deuda pública.
Al cierre de septiembre, el déficit fiscal superó los $2,070 millones, cifra equivalente al 4.4% del producto interno bruto (PIB).
Para el cierre del año, el Gobierno debe ajustar ese desbalance hasta un 4.1% del producto interno bruto. Este es el límite ahora permitido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, modificada por esta administración.
Para cumplir el nuevo objetivo de déficit, el Gobierno aprobó medidas de contención del gasto, aunque la cantidad de funcionarios sigue en aumento, y una moratoria fiscal que incentiva a los contribuyentes morosos para que regularicen su situación antes de fin de año.