Unos 29 mil funcionarios que trabajan en el Estado como eventuales pasarán a ser permanentes tras la aprobación de la Ley 23 del 12 de mayo de 2017, que reformó la Ley 9 de 1994 sobre la Carrera Administrativa.
La norma establece que “los servidores públicos nombrados a partir del 1 de agosto de 2012 en la planilla 001, como personal eventual, pasarán a la planilla de permanentes en el sistema de la Contraloría General de la República, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley”.
Esta ley fue promulgada en Gaceta Oficial el 12 de mayo de 2017 y comenzó a regir inmediatamente. Como parte del proceso para que los funcionarios eventuales sean permanentes, cada institución debe hacer un proceso interno y llevar el trámite ante la Dirección General de Carrera Administrativa.
A la fecha, desde la entrada en vigencia de la Ley 23 se han acreditado alrededor de 3 mil 800 servidores públicos de unas 13 entidades gubernamentales.
La Dirección General de Carrera Administrativa tiene una agenda programada de acreditaciones que incluye a todos los ministerios e instituciones del Estado.
“De esta forma, se está haciendo justicia a quienes se encuentran prestando servicio continuo al Estado y fueron desacreditados producto de la Ley 43 de 2009”, informó la Dirección de Carrera Administrativa.
Hasta julio pasado, en las 83 entidades del Estado laboraban 230 mil 882 funcionarios, de los cuales 207 mil 153 eran permanentes y 23 mil 729 son eventuales.
El gasto de salarios de estos funcionarios ascendió a $314.1 millones en el mes de julio; y durante siete meses se han desembolsado $2 mil 023 millones.
El mayor incremento de funcionarios se da en las entidades vinculadas a la educación y seguridad. Por otro lado, no se notan bajas significativas en el resto de las instituciones.
El número de funcionarios eventuales para el mes de julio de 2017, con respecto al mismo mes de 2016, presentó un aumento de 839 funcionarios (7.5%).
Entre las instituciones que influyeron en el aumento de eventuales aparecen la Universidad Especializada de las Américas con 816, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre con 102, la Universidad Tecnológica de Panamá con 93 y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario con 83, entre otras.
BENEFICIO
Pese al gasto permanente que representa el nombramiento formal de estos empleados públicos, la Dirección General de Carrera Administrativa destacó los beneficios que recibirán con la aplicación de la Ley.
Por ejemplo, al convertirse en funcionarios permanentes son sujetos de crédito por las instituciones financieras para hacer trámites o compras.
Esta legislación crea el Tribunal Administrativo de la Función Pública, que estará integrado por tres magistrados independientes, y tendrá entre sus funciones conocer y resolver las apelaciones contra las resoluciones que dispongan destituciones, ordenar reintegros o pago de indemnizaciones.
“Recibir esta acreditación, además de traer consigo beneficios económicos, estabilidad y bonos al finalizar su labor para el servicio al Estado, implica una gran responsabilidad”, ha señaló David Montenegro, director general de Carrera Administrativa, durante las ceremonias de acreditación.
A su vez, indicó que el estar en Carrera Administrativa no significa tener un blindaje; es una responsabilidad de ser ejemplo para los demás servidores públicos.
“Los gastos en salarios del sector público han estado creciendo a una tasa de 11% durante los últimos años, cosa que es insostenible toda vez que los ingresos no crecieron al 11%”, dijo el ministro de Economía, Dulcidio De La Guardia, en marzo pasado.