En México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los blanqueadores de capitales y confiscar sus activos, dijo el miércoles un reporte de un ente intergubernamental.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), creado para establecerlos estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, dijo que si bien el país latinoamericano tiene un marco legal e institucional bien desarrollado para enfrentar el lavado de dinero, su persecución es deficiente.
La cantidad de acciones penales y condenas por casos (de lavado de dinero) es muy baja, destacó el reporte. Se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos, añadió.
Específicamente, el grupo dijo que muy raramente se realizan investigaciones financieras paralelas y que el crimen rara vez es perseguido “penalmente como un delito autónomo.”
El nivel de corrupción que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los Estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves.
La Secretaría de Hacienda de México y la Fiscalía General, la PGR, dijeron que el reporte del GAFI menciona que hay áreas de oportunidad para mejorar y se deben priorizar las investigaciones, el decomiso de bienes ilícitos, así como la supervisión de actividades vulnerables no financieras y contar con una mayor capacitación.
Las autoridades manifiestan su compromiso para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas, pero sobre todo para continuar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables, dijeron en el comunicado. México es el tercer mayor exportador de capitales ilícitos del mundo.