El Gobierno griego introducirá hoy el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 con una serie de incógnitas sobre el volumen de ahorro que finalmente deberá alcanzar, al no haber logrado todavía un acuerdo con la troika de acreedores sobre las necesidades de financiación.
Tras dos semanas de negociación continua, los acreedores dejan hoy Atenas para acudir a la reunión del Eurogrupo y regresarán a Grecia previsiblemente a comienzos de diciembre.
En estas dos semanas se han logrado algunos progresos, pero se mantiene la diferencia de apreciación respecto al agujero fiscal que debe ser cubierto el próximo año.
Los representantes de la troika –sobrenombre del grupo conformado por la Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional– partían de que el citado agujero de financiación podía ascender hasta 2 mil 900 millones de euros –algo como $3 mil 923 millones– lo que haría necesarios sacrificios adicionales, mientras que el Gobierno estimaba que no superaría los 500 millones de euros o $676 millones.
Pese a todo, el ministro griego de Finanzas, Yannis Sturnaras, presentó en los últimos días un programa de ahorro de mil 300 millones de euros o mil 750 millones de dólares, en los que, según subrayaron fuentes del Gobierno, no están incluidos recortes salariales o de pensiones generalizados, sino únicamente medidas de ahorro estructural.
El argumento sobre el que ha estado insistiendo el Gobierno del conservador Antonis Samaras es que Grecia no puede soportar más recortes generalizados sin poner en peligro la cohesión social y, con ello, la supervivencia del Ejecutivo bipartito.
Fuentes del Ministerio de Finanzas señalaron ayer a los medios que las posibilidades de llegar a un acuerdo a comienzos del próximo mes –el 9 de diciembre se celebra el encuentro del Eurogrupo– están “al 50-50”.
Hoy el tono era algo más optimista y, tras las reuniones celebradas con el ministro de Reforma Administrativa, Kyriakos Mitsotakis, y con Sturnaras, se describían las posibilidades como de “60 a 40”.
Entre los grandes escollos figura el levantamiento de la moratoria a las ejecuciones hipotecarias, que el Gobierno quiere aplicar solo a viviendas cuyo valor nominal exceda los 200 mil euros o $270 mil, para evitar una aún mayor erosión social, mientras que la troika exige que el desahucio se pueda ejecutar en todos los casos de morosidad.