Grecia y sus acreedores retomaron ayer un intento por romper el estancamiento en las reformas fiscales requeridas al país, en momentos en que el Gobierno de izquierda de Atenas criticó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por mantenerse callado durante las negociaciones sobre los riesgos que implicarían más medidas de austeridad.
Las revisiones de las reformas que el Gobierno griego debía llevar a cabo como contrapartida de un rescate multimillonario han estado plagadas de demoras.
Las últimas se refieren a cambios en las áreas de empleo y energía, y al nivel de metas de superávit cuando expire la línea de crédito en 2018.
Atenas quiere disminuir el objetivo de superávit primario del 3.5% que pretenden sus socios europeos, un nivel que implicaría más austeridad para una nación hundida en siete años de recesión.
“La posición del Gobierno griego es inamovible en los temas de empleo y metas fiscales”, dijo el portavoz Dimitris Tzanakopoulos.
Atenas recibió más de 200 mil millones de euros ($212,391 millones) en rescates desde 2010 y es el país más endeudado de Europa, con una carga crediticia de casi el 180% de su PIB.
El FMI, que debe decidir si financiará un tercer programa de rescate a Grecia, señala que el superávit primario del 3.5% desde 2018 en adelante pretendido por el grupo europeo de prestamistas es poco realista. Y argumenta que el país necesitará nuevas medidas de austeridad para lograr esa meta, junto con un alivio sustancial de la deuda.
Esa preocupación ha mantenido a raya al FMI desde que Grecia firmó el último rescate en 2015 bajo coacción de una inminente expulsión de la zona euro.
Actualmente solo los gobiernos del área están aportando la financiación de ese rescate.