La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tiene abiertos 154 procesos sancionatorios por el incumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales.
De ese total, 40 surgen de supervisiones y el resto se debe a la ausencia de registro de las empresas ante el regulador, algo a lo que están obligadas.
Se trata de procesos que aún no se han cerrado. Por lo tanto, si la empresa subsana la falta, no llegará a recibir la sanción. Si esto no sucede, la sanción terminará siendo firme y será publicada, sumándose a las siete ya impuestas por el regulador, que suman $345 mil.
La más cuantiosa la recibió la firma de abogados Mossack Fonseca, que estuvo en el centro de un escándalo mundial luego de la filtración de millones de documentos que revelaron cómo eran las relaciones con sus clientes.
Patricia Quintero, intendente encargada, recordó a los sujetos obligados que se deben registrar. “Algunos piensan que son pequeños y que a ellos no van a llegar. Pero si se hace el requerimiento y no se cumple, entonces llega la sanción”, explicó la intendente, que la semana pasada participó en el Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, celebrado en Panamá.
También se han impuesto sanciones por fallas en los procedimientos de debida diligencia que tienen que hacer los sujetos obligados sobre sus clientes, especialmente a la hora de identificar correctamente a los beneficiarios finales.
“Cuando las firmas de abogados prestan servicios de directores, hemos visto casos en los que se dan poderes, se abren cuentas, se adquieren acciones y resulta que la firma desconocía lo que se estaba dando. Esa es la responsabilidad que acarrea cuando prestas servicios de directores”, puntualizó.
Supervisión efectiva
La Intendencia, creada en 2015 por la ley de prevención de blanqueo de capitales, tiene la tarea de supervisar a 12 mil sujetos obligados, compañías y profesionales de sectores como la compraventa de autos, la Zona Libre de Colón y las áreas económicas especiales, promotoras y constructoras, casinos y juegos de azar, casas de empeño, transporte de valores, así como a abogados y contadores en determinados casos. Es la institución cuyo abanico de entidades reguladas es más grande en Panamá y en el mundo, señaló Quintero.
Actualmente, la intendencia cuenta con 55 funcionarios. Para tratar de hacer más efectiva su labor, se están haciendo supervisiones extra situ a las compañías reguladas. Es decir, que el personal no se tiene que desplazar a la sede del sujeto obligado para hacer la investigación. Y si lo hace, es por tiempos menores.
Este tipo de inspección se produce tras analizar una serie de datos sobre la compañía y el sector en el que se desempeña.
Hasta el momento se han iniciado en el año 144 supervisiones y el objetivo es llegar a 248 al cierre del ejercicio.
Colaboración
La intendencia, entidad integrada en el Ministerio de Economía y Finanzas, está promoviendo acuerdos para tener una mayor coordinación con otros supervisores e instituciones públicas y mejorar su capacidad fiscalizadora.
Uno de ellos sería con la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Quintero explicó que si la intendencia observa en una empresa situaciones que pueden constituir violaciones al marco jurídico, se podría ahondar en los aspectos financieros reportando a la Superintendencia de Bancos, que dentro de sus atribuciones tiene capacidad para verificar las relaciones bancarias de la empresa. “Como ambos tenemos acuerdos de confidencialidad que no podemos romper, la información está a buen recaudo y nos ayudamos unos a otros”.
Quintero dijo que estas acciones persiguen aumentar la efectividad en la aplicación de la norma.
Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera en 2016, tras reformar su marco legal, pero en las próximas evaluaciones se analizará la efectividad en la aplicación del mismo.