La Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá (Asaja), interpuso un nuevo impulso procesal para que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo relacionado a la demanda de inconstitucionalidad que presentó la agrupación contra la reducción del impuesto que debe pagar la empresa Gaming & Services Panamá por la concesión de 29 salas de máquinas tragamonedas tipo A.
En 2012, el gobierno de Ricardo Martinelli redujo de 22% a 18% el impuesto mensual que debe pagar la compañía a la Junta de Control de Juegos.
Antonio Alfaro, presidente de Asaja, señaló que desde 2014 a la fecha han interpuesto cinco recursos con el fin de que se falle sobre este tema. “El caso está en manos del magistrado Jerónimo Mejía y cada mes que pasa, el fisco deja de percibir más de 800 mil dólares”, comentó.
Hasta mediados de 2016, según Asaja, 26 millones de dólares no han entrado a las arcas estatales debido a la rebaja del impuestos que aprobó la pasada administración.
“La sociedad está sorprendida por la corrupción relacionada a los contratos de Odebrecht, pero en las concesiones de juegos de azar también se ha jugado con el dinero del Estado”, indicó Alfaro.
Además de la rebaja del impuesto, al final de la administración Martinelli, Gaming & Services Panamá, del operador español Cirsa, fue beneficiada con una extensión anticipada de la concesión que vence este año.
Al acordarse un pago de 13 millones de dólares, el gobierno pasado extendió hasta 2037 la concesión de Gaming & Services Panamá para administrar 29 salas de máquinas tragamonedas tipo A.
La exprocuradora de la nación Ana Belfon, envió una nota a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la que consideraba que la disminución del impuesto era inconstitucional.
Alfaro comentó que han enviado dos cartas al contralor de la República, Federico Humbert, quien también participa en la junta directiva de la JCJ, para explicar el impacto de la reducción del impuesto sobre las arcas del Estado, pero no han obtenido ninguna respuesta.