Eduardo Lee, de Deloitte Panamá, confirmó que uno de los 14 socios de la firma le prestó servicios a FCC Construcciones de Centroamérica, S.A., pero a su juicio, ello no le impedía participar como miembro de la comisión de evaluación de la licitación de la línea 2, donde esta empresa participó en un consorcio con Odebrecht.
“No conocemos de ninguna restricción en la Ley de Contrataciones Públicas que prohíba la participación de un auditor independiente que haya prestado servicios previos o actuales a una entidad sujeta a evaluación por parte de una comisión evaluadora, en una licitación pública, y habiendo formado parte de una firma que prestó servicios de auditoría externa independiente”, dijo.
El Movimiento Independiente por Panamá y Transparencia Internacional han advertido la necesidad de reformar la Ley 22 de Contrataciones Públicas para reglamentar el funcionamiento y los miembros de una comisión evaluadora de las licitaciones del Estado.
Además de Lee, entre los siete miembros de la comisión evaluadora de las propuestas para la línea 2, el rector de la Universidad Tecnológica, Óscar Ramírez, también prestó sus servicios entre 2010 y 2012 a Odebrecht, mientras que el director de proyectos del Metro, Agustín Arias, fue consultor, antes de 2009, de diferentes contratistas, entre ellos FCC. Tanto Ramírez como Arias han señalado que esta relación profesional que tuvieron con ambas empresas no influyó en las decisiones para calificar los requisitos técnicos de este consorcio.
