Han pasado siete años desde que se ideó la ley de fomento industrial, y ahora que se aprobó por segunda ocasión, los industriales están ansiosos de su reglamentación, para poder gozar de sus beneficios.
Se trata de un incentivo ideado por ex directivos del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), y cuya investigación empezó en 2002.
El modelo se inspiró en legislaciones efectuadas para promover la industria de países como Puerto Rico, Perú, naciones europeas y algunos estados de Estados Unidos, explicó Gaspar García de Paredes, actual presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), y uno de los principales creadores del instrumento.
Esta ley fue aprobada en el gobierno de Mireya Moscoso y derogada en el gobierno Torrijos; y en el actual gobierno de Martinelli se le hicieron algunas modificaciones manteniendo su esencia, y próximamente se reglamentará su aplicación.
“Esta ley no le costará nada al país, no se perderá nada pues no se apuesta al aventurero, pues le retribuye al inversionista en proyectos de renta gravable que no existían”, dijo García de Paredes
Beneficios. Con la ley de Fomento y Desarrollo de la Industria se emitirán durante los próximos 20 años los certificados de Fomento Industrial (CFI), lo que para efectos prácticos será un bono no transferible que se podrá considerar en los estados financieros de las empresas como un activo para el pago de impuestos.
Estos CFI reintegrarán hasta el 35% de lo que inviertan las agroindustrias en investigación para mejorar la calidad de productos, tecnología, nuevos procesos para producir de manera más limpia, ahorrar energía y crear nuevos productos. Al resto de las industrias que no pertenezcan al sector agropecuario se les reintegrará 25% de los mismos aspectos.
El tiempo de entrega de estos bonos tomará como máximo tres meses, periodo para su evaluación y su confección, y las compañías lo podrán utilizar durante ocho años.
Incluso, una empresa podría aplicar a varios certificados, siempre que invierta en diferentes modalidades indicó el Ministerio de Comercio e Industrias.
Juan Francisco Kiener, presidente del SIP, comentó que la legislación es positiva porque crea un nuevo marco jurídico, ya que el existente “estaba lleno de lagunas”, y no cubría todos los sectores.
“Ahora existe una homogeneidad de incentivos para la industria”, expresó.
Otra de las ventajas que señala la ley es que las empresas podrán importar materias primas, maquinarias e insumos para la elaboración de sus productos pagando un impuesto de importación del 3% del valor CIF (costo de la mercancía, seguro y flete) de los insumos.
García de Paredes destacó que además del ahorro que tendrán las empresas, se creará el Consejo Nacional de la Política Industrial, un nuevo organismo que se encargará de desarrollar políticas para impulsar el sector industrial y supervisarlas ante el Ejecutivo.
Este organismo estará conformado por miembros del Gobierno y del sector privado.
Para el Conep, esta ley es solo el comienzo para impulsar al sector, ya que señala que se requiere de una estrategia en la que intercedan diferentes actores para ver los resultados.
El inversionista puede valorar estos incentivos, “pero se asusta con tanta burocracia para instalarse en el país”, comentó García de Paredes.
En tanto, para Kiener, del SIP, el impacto de la ley se sentirá el próximo año, ya que Panamá será igual de competitivo que otros países ante los beneficios que se le otorgan a las empresas extranjeras para decidir dónde establecer sus inversiones.
La industria acuícola podrá acogerse a esta ley. Algunos representantes del sector pesquero como José Motta, propietario de Bahía Azul Internacional, indica que la ley tiene aspectos positivos, pero falta crear otro instrumento similar al certificado de abono tributario (CAT) para que el sector pesquero sea competitivo al exportar.
“No tiene ningún instrumento que compense las desventajas como país dolarizado, con alto costo de mano de obra y de combustible”, expresó.
De nada sirve ampliar o mejorar la producción si no eres competitivo al exportar, agregó Motta
El Gobierno planteó esta ley como una alternativa ante la eliminación del CAT, y aunque trabaja en un incentivo para la exportación agropecuaria, la pesca artesanal ha quedado sin ningún instrumento que promueva su exportación.
