El Gobierno de Brasil ha vuelto a la mesa de negociación con la intención de reconstruir el apoyo de los legisladores alrededor de un proyecto de ley de reforma de pensiones que los inversionistas consideran esencial para reforzar las cuentas fiscales.
Arthur Maia, el legislador de la Cámara baja a cargo de guiar el proyecto de ley a través del Congreso, sugiere flexibilizar el tiempo de contribución mínimo propuesto originalmente, de acuerdo con dos personas con conocimiento directo del asunto.
Mientras tanto, los funcionarios se mantendrán firmes al establecer una edad mínima de jubilación de 65 años para los hombres y 62 para las mujeres.
El gobierno apunta a asegurar al menos el 50% de los $230-$245 millones de ahorro previstos en la propuesta de pensión original.
Los mercados brasileños registraron una venta generalizada después de que observaciones del presidente Michel Temer sobre que el rechazo a su propuesta de pensión no representaría un fracaso para su gobierno, provocara especulación de que los formuladores de política estaban renunciando a su proyecto emblemático de austeridad.
Temer convocó a una reunión con aliados para elaborar una nueva estrategia para aprobar la medida, que ha languidecido en el Congreso desde que surgieran acusaciones de corrupción.
Los cambios de Maia tienen como objetivo ayudar a los trabajadores pobres que tienen problemas para acceder al trabajo formal.