El combate contra el lavado de activos implica una respuesta integral con responsabilidad compartida por todos los países, dijo Mónica Mendoza, jefa de país de El Salvador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que participó ayer en la inauguración del Encuentro Subregional sobre el Blanqueo de Capitales en Operaciones Comerciales, que se celebra en Panamá.
Mendoza manifestó que los esfuerzos de Panamá por modernizar su marco legal de prevención de blanqueo de capitales “son importantes” y se están conectando con iniciativas en otros países de la región.
“Panamá está viendo el fenómeno no solo desde el punto de vista nacional, sino también desde el punto de vista regional e internacional, ya que este es un problema que padece no solo Panamá, sino muchos países del mundo”, reconoció.
Panamá mejoró los resultados en la evaluación de 2017 del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), pero se siguieron detectando deficiencias en la efectividad de la aplicación de la normativa.
La experta en blanqueo de capitales señaló al respecto que el estándar de la efectividad es relativamente reciente (del año 2012). “Ya no basta con tener normas. Realmente se mira si los controles sirven a la economía y detectan el posible lavado de dinero que está pasando por el país”.
También reconoció que se necesita tiempo para que estas legislaciones “se implementen, maduren y logren resultados”.
El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, calificó como “de primer mundo” el marco legal de Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales.
En ese sentido, el país tiene pendiente la tipificación penal de la evasión fiscal y su consideración como delito precedente de lavado de activos.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó a la Asamblea Nacional de diputados el proyecto de ley que contiene estas reformas, pero su debate no ha tenido mayor avance.
Humberto Brid, director de la Unidad de Análisis Financiero, advirtió que la aprobación de este proyecto de ley es importante para la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que tendrá lugar en 2019 y en la que Panamá deberá mostrar efectividad.
Desde el MEF se ha advertido en varias ocasiones que si no se aprueba la reforma legal, Panamá podría ingresar nuevamente en la lista gris de países con deficiencias en sus esquemas de prevención de lavado de activos.