El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ayer en la Asamblea Nacional el proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y la ley del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), lo que le dará acceso a más dinero en periodo preelectoral.
El proyecto establece un límite de déficit fiscal anual de 1.5% del producto interno bruto (PIB), elimina el concepto de balance fiscal ajustado, que permitía al Gobierno elevar el endeudamiento si los aportes del Canal de Panamá al Estado eran inferiores al 3.5% del PIB.
Además, para este año, se propone aumentar el déficit fiscal en $300 millones.
Se plantea, además, que el gasto corriente no pueda crecer más que el ritmo de crecimiento potencial de la economía (que será plasmado en el marco fiscal de medio plazo), más la inflación. De esta limitación se excluyen los gastos en servicios de salud prestados por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS), las pensiones y jubilaciones pagadas por la CSS y los intereses de la deuda pública.
La modificación al FAP consiste en reducir de 3.5% a 2.5% la regla de acumulación. Es decir, cuando los aportes del Canal al Estado superen el 2.5% del PIB, el excedente se destinará al FAP. También serán ahorrados los rendimientos que genere el fondo a partir de 2019. “Con las modificaciones se logrará mayor transparencia en la aplicación del déficit, y se crea espacio fiscal para asignar más inversiones, lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de los panameños generando más competitividad y empleo; además, las entidades se verán obligadas a ser más eficientes en su planificación presupuestaria”, señaló la ministra de Economía y Finanzas encargada, Eyda Varela de Chinchilla.
Gobierno intenta cumplir las promesas
Los ajustes a la Ley de Responsabilidad Fiscal han sido la norma en años preelectorales como resultado de la tradición del partido en el poder de culminar obras y proyectos que impacten positivamente la opinión pública.
La economía, que ha perdido dinamismo en su crecimiento, traslada ese letargo a la generación de ingresos, que están por debajo de lo presupuestado. Tiene sentido la dispensa si va acompañada de disciplina en gastos superfluos y si hay impacto en inversiones de mediano y largo plazo.
La dispensa y el ajuste en el déficit son formas de intervención que el gobierno está procurando implementar para cumplir con promesas y para generar algo de dinamismo económico. Su implantación, uso y destino pondrán a prueba la legitimidad del interés en realmente mejorar la imagen o que trascienda a mejores días para la economía panameña.