El Gobierno utilizará la figura de contratos “llave en mano” para tres nuevos proyectos de infraestructura.
La tercera línea del Metro de Panamá, la ampliación de la carretera Panamericana entre el puente de las Américas y Arraiján y el llamado corredor de las playas entre La Chorrera y San Carlos serán de pago diferido, es decir, que las empresas constructoras deberán obtener el financiamiento y el Gobierno pagará posteriormente la obra de acuerdo a un cronograma de desembolsos preestablecido.
Para pagar la tercera línea del Metro, el Gobierno contrató una línea de crédito con el Gobierno de Japón, que se utilizará cada vez que haya que hacer un desembolso al contratista o al banco al que ceda las facturas.
En el caso de los dos proyectos de carretera, se utilizarán recursos del presupuesto anual, incluyendo la deuda que se contrata regularmente. El plan de pago va de 2018 a 2022.
Este mecanismo de contratación ha sido cuestionado porque aumenta el monto de los proyectos al tener que pagarle al contratista el costo financiero.
El economista Felipe Chapman dijo que esta forma de contratar “es inconveniente para el país. El Gobierno panameño tiene acceso a crédito a buenos términos y condiciones.
Lo más transparente es pagar y financiarse directamente, u obtener los recursos priorizando gastos, es decir, sustituir por otros gastos menos importantes, ya sea operativos o de capital. De lo contrario, se pondrá presión para que futuros gobiernos tengan que hacer esta priorización o tengan que aumentar ingresos por medio de incremento de impuestos”.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por su parte, defiende que este método permite “planificar con un mayor nivel de confiabilidad los pagos que deben realizarse anualmente y suavizando así los picos correspondientes a los pagos que tendría que ejecutar el Estado por avance de obra del proyecto”.
Asegura, además, que con la contratación llave en mano se generan “mayores espacios fiscales para la ejecución de nuevos proyectos de inversión social” y se transfiere el riesgo de construcción al contratista.
El economista Carlos Araúz coincidió en que la planificación ayuda a aliviar los picos y evita endeudamientos en masa al final de la obra, pero también recordó que “los contratos llave en mano llevan desde su génesis un costo mayor, principalmente por el financiamiento que el contratista debe cubrir, así como también cualquier posible eventualidad que funcione como imprevisto”.
La ampliación a cuatro carriles de la carretera Panamericana entre el puente de las Américas y Arraiján fue adjudicada por $335.6 millones a un consorcio integrado por las constructoras Acciona y Meco. El proyecto se pagará entre septiembre de 2018 y septiembre de 2022.
Por su parte, el corredor de las playas se divide en dos contratos, ambos con el mismo calendario de pago: el primer desembolso se hará en octubre de 2018 y el último en el mismo mes de 2022. De este proyecto, en proceso de licitación, todavía no se conoce el monto.
Tampoco se ha definido el cronograma de pago ni el monto final de la línea 3 del Metro, aunque el financiamiento contratado con el Gobierno de Japón para sufragarlo es por un máximo de $2 mil 600 millones.
La línea 2 del Metro, adjudicada al Consorcio Línea 2 (Odebrecht y FCC Construcción), ya fue contratada por este gobierno bajo el mecanismo de pago diferido. El monto del contrato es de $2 mil 62 millones, de los que $205 millones (casi un 10% del total) corresponden al costo de financiamiento. Este contrato también se terminará de pagar en 2022.
Así, al próximo gobierno le quedarán pagos pendientes de las líneas 2 y 3 del Metro y de las dos ampliaciones de la carretera Panamericana.
El cuarto puente, que es otro de los megaproyectos gubernamentales, se calcula a un costo superior a los mil millones de dólares y se financiaría con una emisión de deuda que hará la Empresa Nacional de Autopista (ENA), que no pasa a ser parte de la deuda estatal por quedar fuera del sector público no financiero, tras la aprobación de una ley en 2011. Estos recursos para financiar el cuarto puente serían pagados a los inversionistas con el peaje que se cobrará a los usuarios del puente, a través de esta empresa estatal.
Cuando asumió el poder, el gobierno de Juan Carlos Varela advirtió de que buena parte del gasto de inversión previsto para su quinquenio había sido comprometido por los contratos “llave en mano” adjudicados por la administración de Ricardo Martinelli.
Una situación similar se estaría reproduciendo en este caso, aunque el MEF señala que “no se diferirá un monto mayor al recibido por la anterior administración en concepto de proyectos ‘llave en mano’ y pagos diferidos”. El ministerio añadió que, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, los compromisos adquiridos para cada año no podrán superar el 20% del gasto de inversión.
El gobierno pasado exceptuó este límite para los años 2015 y 2016, algo que aprovechó para comprometer casi el 40% de la capacidad de inversión de 2015, el primer año completo de la administración actual.
El MEF dijo que actualmente no se tiene previsto utilizar esta modalidad para otros proyectos, pero dejó la puerta abierta a futuras contrataciones. “Esta administración ha definido criterios o parámetros bajo los cuales se contemplaría su uso nuevamente: siendo la complejidad del proyecto en términos de tamaño y su impacto, los elementos más importantes”.