El Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud son las tres entidades en las que se harán mayores ajustes presupuestarios este año, según la resolución de gabinete que adoptó medidas administrativas y fiscales para realizar una contención del gasto público.
La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial del pasado 26 de julio e incluye el ajuste que se hará en los presupuestos de funcionamiento y de inversión de 78 entidades del aparato estatal. La lista incluye a entidades del gobierno central, de instituciones descentralizadas, de empresas públicas y de intermediarios financieros.
En total, como se anunció tras el Consejo de Gabinete del pasado 25 de julio, se harán recortes por un mil 483 millones de dólares, de los que $988.3 millones corresponden a gastos de inversión y $495.4 millones a gastos operativos o de funcionamiento.
Los recortes buscan generar ahorros en los gastos para tratar de equilibrar las cuentas en la medida de lo posible en la segunda mitad del año.
En las consideraciones incluidas en la resolución de gabinete se hace la salvedad de que los ingresos consignados en el Presupuesto General del Estado para este año serían inferiores a los gastos autorizados y que “en atención a un sano manejo de las finanzas públicas, es recomendable garantizar un equilibrio entre ingresos y gastos, lo que hace necesario adoptar medidas conducentes a superar esta situación”.
El mismo texto hace referencia a la Constitución Política y a distintas leyes que facultan al Ministerio de Economía y Finanzas para presentar un plan de contención del gasto.
En la primera mitad del año los ingresos corrientes totalizaron $3 mil 377 millones, cifra que representa una caída de $167 millones respecto al mismo trimestre del año anterior y de $960 millones si se compara con lo que se había presupuestado para ese periodo del año.
Antes de que se hicieran públicas estas cifras, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, dijo en un Consejo de Gabinete que si no se tomaban medidas, el déficit fiscal de 2019 podría llegar hasta el 3.8% del producto interno bruto (PIB), de manera que prácticamente se duplicaría el máximo permitido por la Ley de Responsabilidad Social.
La estimación es muy superior a la que había planteado la pasada administración durante la transición gubernamental, que proyectó el déficit al cierre del año en 2.6% del PIB.
La principal diferencia entre los dos cálculos estriba en las estimaciones de ingresos que hicieron las dos administraciones, siendo muy inferiores las proyecciones de la administración entrante.
Esas nuevas estimaciones fueron compartidas con el Fondo Monetario Internacional durante la reciente visita de una misión al país. El organismo señaló en una nota posterior a la visita que el Gobierno se había comprometido a tomar medidas para contener el déficit, pero que temía que una rápida implementación de las mismas tuviera un impacto negativo en el objetivo de revitalizar la economía.
Consultado al respecto el pasado jueves, Alexander dijo que en el paquete de acciones que se está ejecutando, que incluye el pago de cuentas atrasadas a proveedores, bancos, industrias y agricultores con el objetivo de elevar el circulante en el sector privado y por lo tanto el consumo, se espera que el efecto neto sea positivo para la economía.