En los últimos 15 meses, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recaudó $77 mil 525 en concepto de multas a los comercios que no brindan los descuentos que por ley tienen los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en el país.
Los establecimientos que más incumplen la Ley 6 de 1987 son los restaurantes y franquicias, de acuerdo con los reportes institucionales. Durante este tiempo se sancionaron en total 219 de este tipo de locales con $34 mil 900, lo que es igual a un 45% del monto global en multas.
Los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad tienen derecho a un descuento de 25% en el consumo de restaurantes y 15% en las franquicias.
Dicho beneficio aplica solo para una persona y no a sus acompañantes, a menos que consuman productos en el local y tengan la edad en la que aplica la reducción de la cuenta.
Para gozar de los beneficios de la Ley 6 de 1987, las mujeres deben tener 55 años y los hombres 60 años. Las reducciones no aplican en panaderías ni cafeterías.
Sonia, una panameña de 58 años, asegura que cuando sale a comer con la familia a algún restaurante de la ciudad capital descarta la opción de pedir el beneficio para jubilados, pensionados y tercera edad. Alega que “no es por pena de solicitar el beneficio, sino por la actitud de los meseros y dueños de locales”.
Justamente, la principal razón por la que son multados los restaurantes es porque no están otorgando el descuento absoluto de 25%, sino que aplican una deducción de 15%, alegando que son franquicias o locales de comida rápida, cuando no aplican en dicha categoría, sostiene Óscar García, director de la Acodeco.
Los bancos y las financieras están entre las empresas que otorgan descuentos a los jubilados de un 50% en la comisión de cierre. Los centros de hospedajes también aplican rebajas de entre 30% y 50%, y los hospitales de 15%, entre otros.
Los locales que no coloquen el letrero de beneficio a los adultos mayores y jubilados son multados por hasta $300, mientras que por denuncias las sanciones son de $150 hasta $500.
El 50% del dinero recaudado se traslada al Tesoro Nacional, mientras que el otro 50% pasa al Fondo Especial de Jubilados.