Las nuevas esclusas del Canal operan normalmente desde hace más de seis meses, pero todavía se desconoce cuánto terminará costando el proyecto de ampliación.
La incertidumbre se centra en el contrato de mayor cuantía, el de diseño y construcción del tercer juego de esclusas que aún está vigente en medio de millonarios reclamos por supuestos sobrecostos.
El contrato fue adjudicado en 2009 por $3 mil 118 millones al contratista Grupo Unidos por el Canal (GUPC), pero hasta la fecha ya se han pagado más de $3 mil 600 millones por avance de obra y algunos costos adicionales sustentados. Además de estos pagos, el grupo integrado por la española Sacyr, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan De Nul, y la panameña CUSA, está reclamando supuestos sobrecostos por una cifra superior a lo presupuestado para todo el programa de ampliación que fue por $5 mil 250 millones.
Las aspiraciones de los reclamos del consorcio ascienden a $5 mil 673 millones, según publicaciones aparecidas en medios europeos.
De acuerdo con la ACP, el contratista presentó algunos de estos reclamos directamente en arbitraje, sin cumplir con las dos primeras instancias establecidas en el contrato.
A estos reclamos de supuestos sobrecostos se añaden los anticipos y adelantos pedidos por GUPC que ascienden a $868 millones contra cartas de crédito y que el consorcio debe devolver.
El consorcio debía renovar cartas de crédito antes del 31 de diciembre de 2016 por $320 millones de esos adelantos, pero no lo hizo.
En el informe de la firma de auditores Ernst & Young se explica que el consorcio GUPC pidió a la ACP en carta del 20 de octubre de 2016, eliminar la obligación contractual de entregar cartas de crédito a más tardar los días 16 y 17 de noviembre de 2016 que era una condición para extender el plazo para el repago de adelantos por $289.5 millones.
Al no haber entregado estas cartas de crédito, estos adelantos son exigibles y debían ser pagados a la ACP por el contratista a más tardar el 31 de diciembre de 2016 y el 1 de enero de 2017, respectivamente.
En respuesta a la solicitud del consorcio, el 9 de noviembre de 2016, la ACP rechazó esta petición.
Posteriormente, el 11 de noviembre de 2016, GUPC y sus accionistas pidieron a la ACP que extendiera los plazos acordados para la entrega de las cartas de crédito antes mencionadas, como mínimo hasta el 31 de marzo de 2017. La ACP le respondió a GUPC que no otorgaría una extensión para la entrega de las cartas de crédito.
Tras casi ocho años, aún el contrato no se ha cerrado porque el consorcio se mantiene completando trabajos menores en el área de las nuevas esclusas.
El compromiso de GUPC y las expectativas de la ACP eran terminar estos trabajos el 31 de diciembre de 2016, pero no se cumplió. Ahora se espera que estos acabados se finalicen a más tardar en marzo próximo para cerrar el contrato, aunque se prevé que la disputa por los reclamos tomará varios años.