La minería podría convertirse en el principal motor de la economía colombiana con inversiones por al menos $1,500 millones anuales en el próximo quinquenio, si el Gobierno garantiza seguridad jurídica, dijo ayer el principal dirigente del sector.
Las empresas de minería piden al Gobierno reglamentar las consultas populares sobre proyectos mineros y sostienen que la seguridad jurídica es el mayor desafío para la industria.
“De darse las condiciones de inversiones que estamos pidiendo, como asociación y como industria, podríamos volver a atraer entre $1,500 millones y $1,700 millones al año, para una inversión en el quinquenio de $7,500 millones”, dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel.
“Esta es una industria que en sus mejores años trajo entre $2,500 millones y $3,000 millones año, desafortunadamente el año 2015 y especialmente 2016 fueron años muy malos para la atracción de inversión llegando a una cifra cercana a cero”, precisó el dirigente.
El Gobierno de Colombia anunció recientemente que presentará al Congreso un proyecto de ley para evitar los choques entre autoridades nacionales y locales por proyectos petroleros y mineros, e impedir que consultas populares los prohíban.
La Corte Constitucional eliminó una norma que facultaba solo al Gobierno Nacional para decidir sobre proyectos de exploración y explotación, lo que permitió a alcaldes y gobernadores limitarlos de forma permanente o transitoria en sus territorios, generando incertidumbre entre las empresas mineras.
La sudafricana Anglo Gold Ashanti suspendió el mes pasado un proyecto aurífero en el centro de Colombia después de que los habitantes del pueblo más cercano a la mina decidieron en una consulta prohibir las actividades de minería en su territorio. La economía colombiana creció un 2% en 2016.