La próxima semana podría ponerse el punto y final a la historia de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP).El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, explicó ayer los plazos pendientes para que se haga oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 24 del 8 de abril de 2013 que, a su vez creó la entidad autónoma.
“Mañana [por hoy viernes] se cumplen los cinco días desde la fecha en que la Corte presentó el edicto. Cumplidos esos cinco días, hacen falta otros tres en los que la Procuraduría de la Nación o el demandante podrían pedir aclaraciones a la sentencia”, dijo el ministro.
El MEF no espera que haya petición de aclaraciones sobre una sentencia que fue unánime. Superado este plazo, “el fallo queda ejecutoriado o en firme, la ANIP desaparece como institución y se revive la Dirección General de Ingresos (DGI)”, que regresará al paraguas del MEF.
En ese instante saldrá del organigrama estatal Luis Cucalón, quien ha liderado la institución (primero como DGI y luego como ANIP) desde que subió al poder la administración de Ricardo Martinelli. De hecho, la creación de la ANIP fue un intento –ahora frustrado– de extender su gestión hasta 2020.
De La Guardia fue consultado ayer sobre su reemplazo. El nombre que ha sonado es Publio Cortés, que incluso acompañó a la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, a la Asamblea Nacional para presentar un proyecto de Ley que revivía la DGI y cuya aprobación ya no será necesaria porque el fallo de la Corte reinstaura la entidad. De La Guardia se limitó a decir que Cortés era uno de los candidatos y que era potestad del presidente Juan Carlos Varela designar al nuevo director de ingresos.
Fin de la tercerización
El ministro adelantó que una vez que la DGI regrese a la estructura del MEF la entidad revisará el contrato de tercerización de cobro de impuestos morosos entre la Estado y la empresa Cobranzas del Istmo. “Se llevará a cabo una auditoría a todos los pagos hechos a dicha empresa y se revisará la legalidad de dicho contrato”, dijo el ministro. “Nosotros buscaremos los mecanismos, si así lo prevé la ley, para dar por terminado el contrato”, acotó.
La relación entre Cobranzas del Istmo y la DGI, que se originó en 2010, ha sido cuestionada porque es la única compañía contratada para ese fin y por las elevadas comisiones que cobra por sus servicios, que pueden llegar hasta el 30% de la recaudación.