El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo ayer que según cifras extraoficiales hay más de $1,200 millones en impuestos que adeudan los contribuyentes al Estado. Esta sería la morosidad total acumulada en el sistema hasta junio de este año.
El Gobierno pretende recuperar una parte de ese monto con la implementación de una ley de moratoria, que ayer fue presentada por De La Guardia ante el pleno de la Asamblea Nacional.
El ministro explicó que habitualmente se recupera algo menos de un 10% del monto adeudado. “Si llegamos a esa cifra estaríamos complacidos”. Tomando como referencia los $1,200 millones mencionados por De La Guardia, la moratoria podría generar este año unos $120 millones.
Será la tercera en cinco años. La última se implementó el año pasado y generó $196 millones, según datos de Publio Cortés, director general de Ingresos.
Los contribuyentes tendrán desde el día siguiente a la promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre para regularizar su situación. Podrán pagar los saldos pendientes en cualquier tributo sin intereses, recargos ni multas.
De La Guardia apuntó que “las personas que tienen pleitos con la Dirección General de Ingresos (DGI) pueden acogerse a esta moratoria, salvo los acusados de evasión fiscal”.
Con esta iniciativa el Gobierno espera elevar los ingresos y reducir el déficit fiscal al cierre del ejercicio.
Además, previendo que no se cumplirán los lineamientos establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), el MEF elevará el límite de déficit previsto en la norma, que pasará de 2.7% a 3.9%.
Al término de 2014, la diferencia entre ingresos y gastos podrá arrojar un balance negativo de $1,850 millones, si se aprueba la modificación a la ley.
El MEF achacó la debilidad de las finanzas públicas “al despilfarro y los malos manejos de los fondos públicos durante la campaña electoral”.
De La Guardia se comprometió a respetar los límites establecidos en la ley para los años siguientes. “Esta dispensa tiene un carácter excepcional. A diferencia de lo ocurrido en la administración anterior, será aplicable solo para este año, no se está haciendo ningún otro ajuste a lo programado para el resto del quinquenio”, precisó.
Al mediodía de ayer, el ministro también se refirió en la Asamblea Nacional a la relación contractual entre la revivida DGI y la empresa Cobranzas del Istmo, que manejaba en exclusiva la gestión de cobros morosos. “Una de las instrucciones que tiene el director general de Ingresos es revisar ese contrato y buscar las causales para su terminación lo antes posible”, confirmó.
Horas más tarde, la DGI anunció la nulidad del contrato con Cobranzas del Istmo, considerando que el cobro de impuestos es una potestad del Estado, el mismo argumento de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la Ley 24 de 2013, que creó la ANIP. Según los magistrados, la norma violó la Constitución, porque le asignó a la entidad autónoma “funciones que son de la privativa competencia del Presidente de la República, del Ministro de Economía y Finanzas”.
