China finalmente podría estar dispuesta a cortar la cuerda en lo que hace a los problemáticos vehículos de financiamiento de los gobiernos municipales (LGFV, por sus siglas en inglés).
La campaña de desapalancamiento de Pekín ha llevado a que las reglas que afectan la refinanciación de la deuda LGFV se hayan vuelto más estrictas, lo que ha provocado una caída en la emisión de estos vehículos, que deben alrededor de $818 mil millones a los tenedores de bonos y son vistos por algunos como un emblema de los problemas de deuda chinos posteriores a la crisis financiera.
Los indicios de que las autoridades podrían tener una visión menos comprensiva del sector han llevado a las empresas calificadoras a plantear la posibilidad de que en 2017 se produzca el primer incumplimiento de pago de un vehículo de financiamiento local.
Una circular del Ministerio de Hacienda fechada el 26 de abril prohibió que los gobiernos municipales entregaran la propiedad de activos o tierras públicos a sus empresas locales de financiamiento y que se usaran los ingresos de la venta de tierras para ayudar a los vehículos a pagar su deuda.
Esta medida “en la práctica cerró la puerta” al apoyo de Pekín a los vehículos, ya que ésta era una forma clave para que aquellos apuntalaran su capacidad de pago, dijo Ivan Chung, director de investigación de crédito para la Gran China en Moody’s Investors Service.
“El gobierno central podría necesitar el default de un LGFV para enviar al mercado una señal clara de que no siempre los va a rescatar”.