El Gobierno de Brasil modernizará las normas y liberará fondos congelados para créditos estudiantiles, lo que podría allanar el camino para una recuperación de la atribulada industria de la educación del país.
Las medidas incluyen la autorización para que los bancos privados otorguen préstamos estudiantiles subsidiados, la eliminación de los períodos de gracia para ayudar a reducir los incumplimientos y la creación de un nuevo fondo público de $607 millones para patrocinar el programa de financiamiento estudiantil subsidiado por el Gobierno, según una copia de un proyecto de decreto al que Bloomberg News tuvo acceso.
Las nuevas normas que se harán públicas la próxima semana se producen después de que el Gobierno básicamente cerró la mayor parte del financiamiento estudiantil en 2015 luego de críticas generalizadas.
El Tribunal de Cuentas de la Unión, o TCU, de Brasil dijo posteriormente que la falta de transparencia y controles del programa lo hacían insostenible.
Las tasas de incumplimiento se dispararon a finales de 2015, cuando cerca de la mitad de los préstamos estudiantiles se retrasaban en 60 días o más.
Siempre que tengan un trabajo, los estudiantes tendrán que empezar a pagar sus créditos inmediatamente después de la graduación. Los pagos se limitarán al 30% de sus ingresos. Bajo las normas actuales, tienen un período de gracia de 18 meses después de terminar los estudios.
Los estudiantes también estarán obligados a informar si tienen trabajo y si está relacionado con sus estudios.
Una de las principales críticas de la antigua normativa fue que no había datos para medir la efectividad del programa.
La reforma es ampliamente esperada por las empresas educacionales, como Kroton y Estacio, así como por los estudiantes más pobres que dependen del programa para acceder a estudios de posgrado.
El Gobierno planea ofrecer entre 250 mil y 300 mil nuevos contratos a principios de 2018.