La constructora brasileña Odebrecht, inhabilitada según el Gobierno para adjudicarse nuevos contratos con el Estado, participó en la reunión de homologación del proyecto de mejoras en el Parque Recreativo y Cultural Omar, corregimiento de San Francisco, por $5.5 millones.
La empresa, envuelta en una trama de corrupción en Panamá y varios países por pago de sobornos a funcionarios a cambio de proyectos, envió el pasado 4 de enero a dos de sus representantes al encuentro que forma parte del proceso de licitación que impulsa el Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Metas.
El proyecto incluye la rehabilitación del anfiteatro y restauración de la casa club del parque. También contempla mejoras en canchas sintéticas y nuevo mobiliario dentro del espacio público.
Este sería otro de los actos públicos en los que se ha observado la presencia de la cuestionada constructora, luego de que ocurriera lo mismo en las reuniones de homologación de dos licitaciones que impulsa el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Al respecto, el secretario de Metas, Jorge González, señaló que la empresa no puede participar de las licitaciones. “Ellos pueden ir a todas las reuniones de homologación, eso no está prohibido”, dijo el funcionario.
González recordó que hay un comunicado del 27 de diciembre de 2016 donde el Consejo de Gabinete se pronunció al respecto y hasta ahora no hay cambio al respecto.
Dicho comunicado establece en su punto cuatro adoptar las acciones necesarias con el fin de “prohibir” que al Grupo Odebrecht se le adjudique y refrende ningún contrato de futuros procesos de licitación, hasta tanto la constructora demuestre una colaboración efectiva y eficaz en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre pago de sobornos.
Pero la semana pasada el Juzgado Duodécimo Penal, a cargo del juez Óscar Carrasquilla, admitió un recurso de la constructora para que se certifique que no está inhabilitada para licitar o contratar con el Estado, en virtud del acuerdo de colaboración eficaz firmado entre la compañía y la Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga los sobornos que Odebrecht pagó en el país.
Esto motivó luego que la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República entrara a revisar la decisión adoptada por el juez Carrasquilla. En ese sentido, Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia, dijo la semana pasada que luego de concluir esa fase, el tema será tratado por el Consejo de Gabinete.
Sobre este asunto, el secretario de Metas subrayó que si en el futuro hay algún cambio referente a ese tema, lo harán saber públicamente. “Por el momento existe un comunicado del 27 de diciembre de 2016”, acotó.
María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana, indicó que no deben permitir la participación de esta empresa en el acto público, luego de todos los escándalos de corrupción en los que ha estado envuelto en toda la región.
“Se burlan de los ciudadanos en todos los poderes del Estado”, agregó la activista, quien participó de la consulta ciudadana el año pasado para mejoras en el citado espacio verde.
En tanto, Odebrecht confirmó que ha participado en reuniones públicas de homologación, incluyendo la del parque Omar, para dar seguimiento a las obras que serán licitadas en el futuro.
Según la constructora, firmaron un acuerdo de colaboración eficaz en julio de 2017 y el mismo fue homologado en noviembre del mismo año mediante audiencia pública, el cual están cumpliendo “a cabalidad”.
También hicieron referencia a que se estableció una nueva política bajo un sistema de conformidad y un nuevo Consejo Global que apoya la gobernanza de la empresa en áreas como ciudadanía corporativa, sostenibilidad y combate contra la corrupción. “Este consejo está conformado por personalidades de diversos países, con actuación en organizaciones de la sociedad civil, de la academia y del sector privado”, concluyeron.
El parque Omar cuenta con unas 55.6 hectáreas de terreno y reciben cada día la visita de al menos 5 mil personas que acuden a realizar actividades al aire libre.
