El Registro Público ha creado un nuevo estatus para las personas jurídicas que incumplan con el pago de sus tasas, se encuentren morosas en el pago de sanciones o no hayan designado a un agente residente por un periodo mayor de 90 días.
Las sociedades que hayan incurrido en cualquiera de estas faltas aparecen en el Sistema Electrónico de Inscripción Registral (SEIR) como “suspendidas”.
Este estatus de suspendido inhabilita a las sociedades para iniciar cualquier proceso legal, realizar negocios o disponer de sus activos. Si las sociedades no pagan la tasa única anual, el Registro Público no emitirá a su favor la certificación en la que acredita su existencia.
La mencionada certificación es un requisito obligatorio para hacer trámites legales como gestionar un cobro al Estado, participar en actos públicos o establecer procesos de demandas.
La medida aplicada por el Registro Público tendría un impacto en la recaudación de impuestos no tributarios, en un entorno de estrechez financiera estatal, que ha llevado a la administración de Laurentino Cortizo a imponer un plan de contención del gasto.
Para el mes de julio 2019, los ingresos corrientes, reflejan un total de $466.3 millones. De este total, $327.6 millones pertenecen a la recaudación de ingresos tributarios, $134.5 millones a ingresos no tributarios y $4.2 millones a otros ingresos corrientes.
Los otros ingresos corrientes no superaron a la recaudación del año anterior en 1.3%
