Lyudmila Petkova es la nueva directora del grupo del Código de Conducta en Impuestos Empresariales de la Unión Europea (UE).
La que fuera directora fiscal del Ministerio de Hacienda de Bulgaria preside desde ayer este órgano al interno del Consejo de la UE que, ha sido muy criticado por la opacidad de sus métodos. De hecho, las deliberaciones, actas e informes que elaboran sus técnicos son completamente secretos.
Entre sus tareas más inmediatas está la revisión de la lista negra de la UE. Sus resultados deberían publicarse en las próximas semanas y -si no hay cambios- Panamá volverá a estar señalada.
Subgrupo de países
La falla en el sistema que la UE reprochó al país en enero de 2018 fue que ostentaba un régimen fiscal perjudicial que facilitaba estructuras o acuerdos offshore destinados a atraer ganancias que no se reflejan en la actividad económica real. En particular, las instituciones europeas consideraron que el sistema tributario panameño otorga beneficios tributarios a través de tasas de impuestos menores, reducciones a la base gravable o condiciones especiales para el pago de gravámenes.
En una carta dirigida a las autoridades panameñas, con fecha del 19 de junio de 2017, seis meses antes de la publicación de la primera lista negra, el grupo del Código de Conducta definió como “perjudiciales” los regímenes especiales: Sedes de Empresas Multinacionales, Área Económica Especial Panamá-Pacífico y Ciudad del Saber y señaló también la actividad de los llamados call center.
Y en estos dos años, Panamá hizo cambios legislativos para superar estas deficiencias. En septiembre de 2018, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley 653, por la que se regulaba la actividad de estos centros de llamadas estableciendo una tasa neutra de 0% de impuesto sobre la renta a la utilidad generada por la operación comercial. Además, el Gobierno produjo cambios para que los beneficios que los regímenes señalados otorgan a las empresas se apliquen cuando la entidad en cuestión lleve a cabo en el país una actividad sustancial que lo justifique. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calificó como “no pernicioso” estos modelos fiscales especiales en una evaluación en enero.
La revisión de la lista negra se ha llevado a cabo bajo un total hermetismo y sin implicar a los países que están siendo examinados. Desde las instituciones europeas -que presumen de ser de las más transparentes del mundo- se justifican señalando que, al final, la elaboración del elenco de territorios no colaboradores será una decisión política. Pero es, precisamente, esta característica la que resta transparencia a todo el proceso.