Un juez argentino ordenó que se prohíba a las empresas de reparto de comida Rappi, Glovo y PedidosYa operar en la ciudad de Buenos Aires, una medida que podría impactar con dureza un negocio de rápido crecimiento.
Según informó la página web del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires, el juez ordenó al gobierno local que prohíba de manera inmediata las operaciones de estas tres empresas, que están entre las más importantes de este negocio.
El magistrado señaló que las compañías operan en franca transgresión a la normativa vigente y solicitó que se apliquen las medidas para que cumplan con los requisitos de seguridad e higiene.
No estaba claro de inmediato si la ciudad cumpliría con el pedido o cómo podría impactar la medida en el sector de rápido crecimiento que a menudo opera en un área legal gris mientras negocia marcos regulatorios con las autoridades locales.
La española Glovo dijo en un comunicado que la industria local está enfrentando un nuevo paradigma y señaló la necesidad de generar un debate para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos. La firma agregó que confía en que el Gobierno avance en crear un espacio de diálogo.
Glovo, que comenzó a funcionar en Argentina a comienzos del año pasado y ahora emplea a 137 personas en el país, no hizo mención a si la orden afectará sus operaciones.
Por su parte la colombiana Rappi, que se lanzó en Argentina el año pasado, confirmó que apelará la decisión judicial. La resolución “afecta a toda la industria de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias en la ciudad (de Buenos Aires), y pone en riesgo la continuidad de las fuentes de ingreso de miles de personas”, señaló en un comunicado.
La empresa argentina PedidosYa no respondió a los pedidos de comentarios de Reuters.
Una portavoz del gobierno local, que pidió no ser identificada, dijo que la ciudad podría apelar la orden.
En otro caso relacionado con nuevos negocios, conductores de poderosos sindicatos de taxis de Buenos Aires protestaron en las calles de la capital argentina contra Uber y otras aplicaciones para el transporte de pasajeros, acusándolas de operar de manera ilegal en la ciudad.
“Nosotros para legalizar esto (la actividad de los conductores de taxis) pasaron 30 años, ellos (Uber) en menos de tres años están trabajando a la altura de nosotros”, dijo un taxista que protestaba en una de las calles del centro porteño.
Por su parte, Uber, que opera en Argentina desde 2016, sostiene que obedece las leyes argentinas, paga impuestos y que apoya que las ciudades del país aprueben legislación para compañías que ofrecen servicios para el transporte de pasajeros.
“Mantenemos una posición abierta al diálogo, a favor de regulaciones modernas que amplíen el acceso a los beneficios de la tecnología aplicada a la movilidad urbana”, explicó la compañía a través de un comunicado.