El contrato de concesión firmado entre Panamá Ports Company (PPC) y el Estado para operar los puertos de Balboa y Cristóbal establece que se prorrogará automáticamente por 25 años más bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con las obligaciones del acuerdo.
La actual concesión vence en cinco años y distintos sectores del país han cuestionado públicamente a la empresa porque en 20 años de operar los puertos solo ha aportado un millón de dólares al Estado, que controla el 10% de las acciones.
Los primeros 25 años de vigencia del contrato se cumplen en 2022, según el documento firmado el 16 de enero de 1997 entre el Estado y PPC.
El contrato fue modificado a través de una adenda y de un solo plumazo con la Ley 56 del 28 de diciembre de 2005, durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso.
Con dicha adenda, aprobada mediante resolución firmada por el entonces ministro de Comercio, Joaquín Jácome, el Gobierno le aprobó una equiparación a la empresa que le exoneró de pagar $22.5 millones al año por el canon fijo o mil 125 millones de dólares, sumado 50 años de concesión.
La empresa, que desde finales de 2016 tiene al frente de la gerencia general a Paul Wallace, alega que han aportado unos $250 millones entre impuestos pagados y pagos al Estado por el movimiento de contenedores.
Desde que comenzó a operar, PPC anunció que no pagaría dividendos al Estado porque estos se utilizaron para reinvertirlos en la ampliación de la terminal portuaria. Sin embargo, los trabajos en el puerto de Balboa finalizaron desde hace un par de años, afirmó una fuente cercana a la empresa.
El Estado panameño tiene participación accionaria en por lo menos 10 empresas mixtas que se dedican a diferentes actividades y que en 2016 le aportaron $72 millones en dividendos. Se incluyen las eléctricas de generación AES, Bahía Las Minas, Esepsa y Enel, además de las de distribución Edechi, Edemet y Ensa. La telefónica Cable & Wireless y Petroterminal de Panamá. Entre todas las empresas en las que el Estado tiene participación accionaria, PPC es la única que por años no ha entregado dividendos.
Algunos representantes de la industria sugieren que el Estado debe revisar el contenido del contrato para decidir si se renueva la concesión a PPC por otro periodo igual en 2022. Esta tarea le corresponderá al gobierno que gane las elecciones en 2019.
El pasado lunes, el abogado Pedro Meilán, exdirector de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), presentó una denuncia de supuesto bien oculto contra PPC tras alegar que “entre enero y abril de 2009 se realizó una auditoría a Panamá Ports Company arrojando ganancias por $750 millones sin que el Estado hubiese recibido su porcentaje por las acciones que tiene en la empresa”. Con base en esto, Meilán estima como cuantía inicial del bien oculto, la suma de $72.5 millones, “el cual podrá aumentar una vez pueda determinarse los ingresos reales de la empresa luego de las pruebas periciales idóneas”.
Este diario solicitó a la empresa información sobre sus expectativas frente a la renovación de la concesión, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Terminación de contrato
El Estado podrá dar por terminado el contrato si la empresa incumple las obligaciones sustanciales, como por ejemplo, la quiebra o suspensión o cesación de pagos, “sin que se haya producido la declaratoria de quiebra correspondiente”.
Esto es parte de lo que establece el documento negociado en 1997, durante el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, cuando se hizo la reestructuración de los sectores portuario, eléctrica y telefónico.
También se determinaron las causales que puede alegar la empresa por incumplimiento del Estado, por ejemplo, al ocurrir cualquier cambio social o económico en Panamá que la empresa pueda justificar que haya afectado materialmente el continuo y exitoso desarrollo, construcción, operación, administración o dirección de los puertos, entre otros.
Al expirar el período de duración de este contrato, que si se aprueba la concesión sería en 2047, todas las instalaciones civiles pasarán a ser propiedad del Estado. La empresa tendrá derecho a retirar de los puertos el equipo, maquinarias y demás bienes muebles que sean de su propiedad.