En medio del proceso fallido de recepción de propuestas en la licitación para la concesión del puerto de Corozal, declarada desierta el día de ayer, Panama Ports Company (PPC), que opera los puertos de Balboa y Cristóbal, pidió al Gobierno examinar el contrato sobre “divergencias que han dado lugar a un conflicto”.
Se trata de una carta enviada por el actual gerente de PPC, Paul Wallace, al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jorge Barakat; al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; al administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano y al presidente de la junta directiva del Canal, Roberto Roy.
Los seis puntos planteados por la empresa buscan generar una revisión del contrato, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 3.4 sobre arbitraje incluida en el acuerdo aprobado en 1997 entre PPC y el Estado.
Solicitan examinar los montos invertidos por PPC en dragado en los puertos, para que con cargo al crédito correspondiente, la empresa pueda pagarle al Estado con ese dinero la tarifa prefijada por movimiento de contenedores.
Igualmente, proponen revisar el pago por parte del Estado a PPC del porcentaje que le corresponde de los montos derivados de las concesiones retenidas, el recibo de la tarifa de dársenas proveniente de naves que se abastecen de combustible, el impedimento de utilizar el muelle 6 de Balboa por la ampliación del Canal, la limitación a PPC de uso de áreas de concesión por la construcción del cuarto puente y el otorgamiento en concesión por vía de licitación del área destinada al puerto de Corozal para extender Balboa.
Este diario consultó al ministro Alemán sobre la petición de PPC y dijo que los puntos mencionados en la carta “están siendo analizados por la dirección jurídica de la AMP, a fin de darle una respuesta en tiempo oportuno”.
En 20 años de operaciones, PPC ha solicitado tres adendas al contrato, sin contar la resolución ministerial firmada en 2002 por el entonces ministro de Comercio, Joaquín Jácome, quien de un “plumazo” y después de una corta negociación, le perdonó a la empresa el pago de mil millones de dólares al Estado en la anualidad fija y un monto variable anual, correspondiente al 10% de la entrada bruta de todos los ingresos de PPC.
Respecto a uno de los puntos planteados por PPC, el exsecretario de la AMP Carlos Ernesto González De La Lastra aclaró que la única responsabilidad del Estado en relación a dragados es el canal de acceso.
“En el caso del puerto de Balboa, no aplica, ya que son aguas de responsabilidad del Canal y la Constitución y la ley y reglamentos del Canal le dan potestad a este último de cobrar por el dragado”, dijo.
Añadió que el problema radica en que la AMP, que es la propietaria del puerto de Balboa en representación del Estado panameño, ha permitido que una empresa que usufructúa una concesión atente contra el interés económico del país, poniendo todo tipo de recursos para paralizar el desarrollo portuario que consolidará nuestra plataforma logística.
Hasta hace una semana, había 25 denuncias presentadas por representantes legales de PPC y asociaciones de residentes de Diablo en contra de distintos actos de la ACP relacionados con la licitación de la concesión para el puerto de Corozal.
En la Asamblea Nacional, los diputados tampoco aprobaron el proyecto de ley que le equiparaba a este puerto incentivos fiscales para el operador que se adjudicara la concesión.