PANAMá, EN LISTA DE PARAíSOS FISCALES

Panamá: Escaso plazo para resolver conflicto con Colombia

Los ministros de Economía dijeron que buscarán una solución antes de que termine el año, pero las diferencias son notables.

Panamá: Escaso plazo para resolver conflicto con Colombia
Colombia está pidiendo desde hace más de un año un acuerdo para el intercambio de información fiscal para luchar contra la evasión fiscal. Panamá ha ofrecido otras alternativas, que no

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia y su homólogo colombiano Mauricio Cárdenas se comprometieron a buscarle una solución “antes de fin de año” al conflicto desatado por la inclusión de Panamá en una lista de paraísos fiscales del Gobierno colombiano, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado remitido tras una reunión que mantuvieron ambos dirigentes en la noche del miércoles, horas después de la publicación de la lista.

Un plazo escaso dadas las notables diferencias que hay en este caso en particular, la magnitud de los cambios que debería hacer Panamá para acceder a las pretensiones colombianas y cómo se han producido las negociaciones entre los dos países en otros conflictos.

En el caso de las penalizaciones colombianas a las importaciones desde la Zona Libre de Colón para proteger su industria textil, la solución no va a llegar por la vía diplomática: Panamá llevó a Colombia ante la Organización Mundial del Comercio, algo que baraja el Gobierno panameño para este nuevo conflicto.

Colombia le está pidiendo desde hace más de un año a Panamá que firme un acuerdo para el intercambio de información fiscal con el objetivo de tener datos de los contribuyentes colombianos que tienen depósitos en Panamá y, así, luchar contra la evasión de impuestos.

Panamá se ha negado a negociar el acuerdo para proteger los intereses de su centro financiero y ha rechazado de plano las formas poco diplomáticas empleadas por el vecino.

A día de hoy, no hay visos de acercamiento en las posiciones de ambos países: “Panamá tiene objetivos e intereses que proteger, así como Colombia..., así que de lo que se trata ahora es de buscar puntos de convergencia y encuentro que nos permitan resolver este impasse”, dijo De La Guardia.

La Cancillería de Panamá, por su parte, manifestó que “un acuerdo de esta naturaleza no representaría ningún beneficio para Panamá y, más bien, pondría en desventaja a nuestro centro corporativo y financiero internacional”.

Las autoridades colombianas exigen un esquema de intercambio de información similar al que promueven la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Estados Unidos.

Las autoridades panameñas dicen que han planteado otros mecanismos para el intercambio de información que han sido rechazados por Colombia.

Panamá ha negociado hasta la fecha 20 convenios para evitar la doble tributación y 10 acuerdos de intercambio de información tributaria.

El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá y del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá, Carlos Troetsch, dijo que Panamá es soberano para decidir con quién firma y con quién no, y que además no se ha rechazado el intercambio de información, siempre y cuando este se produzca por la vía judicial y a requerimiento.

El miércoles Colombia incluyó a Panamá en una lista de paraísos fiscales, medida que además de ser perjudicial para la imagen del país, tiene como consecuencia un aumento impositivo a las operaciones entre Panamá y Colombia.

De La Guardia recalcó que los principales afectados por la inclusión de Panamá en la lista discriminatoria colombiana son los capitales y empresarios del país suramericano que han hecho importantes inversiones en territorio panameño.

Prueba de ello es el rechazo de los empresarios colombianos a esta medida, como el manifestado por Carlos Raúl Yepes, presidente del grupo Bancolombia.

Ayer se pronunció al respecto el abogado panameño Adolfo Linares, para quien la actuación de Colombia “es casi una declaración de guerra por el agravante de haberse ´aliado´ con la OCDE para hacernos daño y sacar ventaja”.

Para Linares lo que pretende la OCDE, y ahora Colombia, “es que ajustemos nuestras leyes para su beneficio y no del nuestro”, algo que calificó de “inaceptable”.

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