El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que Panamá desconoce los motivos técnicos por los que la Unión Europea considera dañinos algunos regímenes especiales panameños, motivo por el cual el país fue incluido junto a otras 16 jurisdicciones. El titular de Economía dijo ayer a este diario que en dos ocasiones este año la Unión Europea (UE) envió cartas señalando que consideraba perjudicial el régimen de centros de llamada o call centers de Panamá.
El Ministerio de Economía y Finanzas contestó que estaba dispuesto a conversar para conocer qué razones técnicas hacían pernicioso este régimen, pero no hubo mayor acercamiento y, finalmente, el país fue incluido en la lista.
También tendrían esta consideración regímenes como las zonas francas y las áreas especiales de Panamá, aunque estas están siendo analizadas en el marco del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, del que Panamá forma parte activamente.
De La Guardia dijo que se han mantenido conversaciones con representantes de países europeos para mostrar el rechazo y la decepción por la inclusión de Panamá en la lista.
Además, se hará un acercamiento con Corea del Sur, que tradicionalmente no se ha considerado un paraíso fiscal y que fue incluido en la lista por sus zonas libres, algo que no ha sucedido con Hong Kong o con otros territorios en el mundo con este tipo de enclaves.
En un comunicado, el Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea del Sur dijo que la decisión de la Unión Europea “plantea el riesgo de violar la soberanía fiscal de Corea cuando la UE intenta imponer sus normas a un país no perteneciente a la UE”.
El expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Domingo Latorraca, dijo que “Panamá promueve actividad económica real y tangible en la mayoría de sus regímenes. Los centros de llamadas y sedes regionales de empresas no son operaciones fantasma”.
Latorraca añadió que el régimen de centros de llamada no está diseñado para erosionar la base de impuestos de ningún otro territorio y, además, “la estructura de incentivos fiscales es potestad de cada país”.