Si Panamá no tipifica la defraudación fiscal como delito penal y como delito precedente de blanqueo de capitales se expone a ser incluido nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), dijo el viceministro de Economía, Iván Zarak.
Así lo advirtió en el Foro Económico 2017, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), esta vez teniendo como tema de fondo la penalización del delito fiscal y sus implicaciones.
Aunque el país no tiene el resultado oficial de la evaluación efectuada este año por el cuerpo latinoamericano del GAFI, Zarak señaló que los evaluadores y representantes de otros países habrían dado a entender que la ausencia de este delito en el Código Penal es una deficiencia fundamental.
Zarak recordó que Panamá es uno de los pocos países que no considera la evasión como un delito penal y que esto podría ser utilizado como argumento por quienes presentan a Panamá como un territorio utilizado para la evasión fiscal o el lavado de capitales.
El viceministro dijo que se necesita el apoyo del sector privado y reconoció que la aprobación de la ley puede tener un costo político.
“No nos vamos a inmolar en la esquina por pasar esta cuestión. Si el sector privado no lo quiere apoyar, estemos claros cuáles son las consecuencias. No puedo esperar a caer en la lista gris. Es un tema del Estado, de país. Si consideramos que es conveniente no estar en la lista gris, tenemos que cumplir”, manifestó el viceministro.
Recordó que el ingreso en la lista gris en 2014 fue uno de los motivos que provocó la pérdida de 35 líneas de corresponsalía, fundamentales para las operaciones de los bancos.
El Gobierno ha distribuido entre gremios empresariales y especialistas una propuesta de ley que establece que la defraudación fiscal de $300 mil o más sería considerada como un delito penal, con prisión de uno a tres años.
Héctor Cotes, presidente de la Apede, sugirió elevar de $300 mil a $500 mil el monto a partir del cual la defraudación se considera delito penal y destacó la necesidad de tener garantías para los contribuyentes.
“Nos preocupa que sea utilizado como herramienta política”, dijo el representante del gremio, que solicitó que el proceso no permita que el director general de Ingresos tenga todas las potestades en estos casos.
Según la propuesta legal compartida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección General de Ingresos (DGI) pondrá en conocimiento del Tribunal Administrativo Tributario los supuestos casos de defraudación fiscal por más de $300 mil. Y esta institución será la encargada de decidir si amerita presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
Al respecto, Cotes señaló que habría que reforzar este tribunal, porque actualmente no tiene la estructura y las habilidades pertinentes.
El representante de la Apede y el abogado Camilo Valdés, que participó en el foro, destacaron la necesidad de que la DGI haga más fáciles y expeditos los procesos de pago de impuestos. En esta materia, Panamá es clasificada por el Banco Mundial como uno de los países del mundo donde más veces se deben pagar impuestos al año y donde más tiempo se debe dedicar a la tarea.