El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que empieza hoy la etapa de evaluación a Panamá sobre prevención de blanqueo de capitales y lavado de dinero, espera los 11 resultados faltantes de las 40 recomendaciones pautadas por el organismo.
Los representantes del GAFI comenzaron las evaluaciones en noviembre de 2016 y la concluyen con esta visita, informó el secretario técnico de la Comisión Nacional contra el lavado de dinero, Raúl Gasteazoro.
Durante ese tiempo, los representantes del GAFI han estado intercambiando comunicaciones con el Estado, estadísticas, normas y leyes relacionadas contra el blanqueo de capitales. “Panamá ha hecho muchos cambios en los últimos dos años y, a consecuencia de esos cambios, estamos nosotros confiados en que va a haber un proceso justo de evaluación, a pesar de toda la publicidad generada en Panamá por los eventos recientes”, dijo Gasteazoro.
Como parte de la visita, los representantes del GAFI desarrollarán entrevistas con los actores gubernamentales y no gubernamentales para conocer las acciones que aplican para prevenir este ilícito. El primer encuentro será con el presidente Juan Carlos Varela.
En las entrevistas, los reguladores deben explicar cuáles son las normas y leyes existentes para evitar el blanqueo de capitales, pero también los actores deben mostrar las estructuras y acuerdos para el manejo y supervisión de cada sector.
Además de las Superintendencias de Banca, Seguros y de sujetos no financieros, se programan reuniones con representantes del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Zona Libre de Colón, Cooperativas de Ahorro, casa de valores, entre otros.
Pero no se tratará de audiencias abiertas ni informes públicos. Los encuentros son herméticos, como suele suceder cuando hacen misiones los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los hallazgos son aprobados o desaprobados por el GAFI, para luego ser compartidos en una plenaria a finales de 2017.
Panamá debe demostrar su capacidad para implementar las reformas, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de complejos esquemas de lavado de dinero.
De esto dependerá la supremacía del sector financiero, preservar un clima de negocios favorable y las relaciones con los bancos corresponsales.