Panamá, donde diariamente se desarrollan operaciones de bunkering, requiere de una legislación aprobada en la Asamblea Nacional que permita atender un posible derrame de combustible en cualquier punto del país.
Existen varios convenios internacionales que establecen los parámetros básicos para atender este tipo de emergencia, pero se necesita una legislación local, explicó el secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Tomás Ávila.
El tema fue tratado en el taller organizado en Panamá por la secretaría de la Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de las Américas (Rocram) y la Organización Marítima Internacional (OMI).
Los convenios internacionales tienen que ver con la protección al medio ambiente y en algunos casos se requiere que cada país tenga su legislación nacional, dijo Ávila.
Por ejemplo, en la Asamblea Nacional se presentó un proyecto de ley nacional de contingencia para derrame de hidrocarburos que está en una comisión, pero no ha avanzado.
Como país tenemos esa tarea pendiente, dijo el funcionario, sin embargo los vecinos de Centroamérica sí tienen esa legislación aprobada.
Se ha discutido a través de Rocram un plan regional para atacar un derrame que ocurra en cualquiera de los países. “Hay un avance en la discusión regional, pero nosotros no tenemos una legislación local aprobada”, recalcó Ávila.
Cuando en Panamá se han registrado derrames se ha requerido del apoyo de la empresa local Ocean Pollution o de la Autoridad del Canal de Panamá, pero no existe una estrategia local para atender estas emergencias. Es importante una estrategia de este tipo porque no solo se pone en riesgo la contaminación de las aguas, sino la operación del principal recurso del país que es el Canal, dijo una fuente empresarial.
El anteproyecto de ley se redactó con la ayuda de la Autoridad del Canal de Panamá y otras autoridades que tienen experiencia en este sector.
Durante la reunión de Rocram en Panamá, se revisaron las responsabilidades del Estado rector del puerto y el Estado ribereño relacionadas con la preparación y respuesta producto de la contaminación causada por hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente peligrosas y del combustible procedente de los buques.
“Estos convenios tienen como finalidad establecer sistemas nacionales de preparación, así como proporcionar un marco mundial para la cooperación internacional en la lucha contra sucesos y amenazas importantes en el mar”, puntualizo Ávila.
La AMP destacó que como país anfitrión reconoce el deber que le corresponde para velar por el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en lo que se refiere a la protección del medio marino y a la lucha contra la contaminación.
En el encuentro participaron representantes de los países que actualmente integran la red: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Rocram es un organismo de carácter regional a través del cual las autoridades marítimas actúan en conjunto en distintos planos de cooperación, como tareas y acciones para orientar los procesos sobre seguridad y protección marítima, formación y titulación de la gente de mar, y protección del medio ambiente.
Asimismo, se involucra en aspectos jurídicos y de facilitación naviera con el propósito de asegurar una decisión óptima en normas derivadas de los Convenios Internacionales adoptados en el marco de la OMI.
Por su parte, Carlos Salgado, jefe de la Sección de América Latina y el Caribe, de la División de Cooperación Técnica de la OMI, agradeció a los participantes el aprovechamiento que hicieron de este curso, en el que se pudo conocer la realidad latinoamericana y crear bases de cooperación regional.