Expertos fiscales destacaron la necesidad de introducir controles para evitar que la penalización del fraude fiscal sea utilizada para persecución política.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha señalado que trabajará en un proyecto de ley que será distribuido entre los gremios para cambiar la consideración del fraude fiscal, que actualmente es una falta administrativa que no conlleva penas de prisión.
El consultor fiscal Osvaldo Lau advirtió que “es necesario reforzar la fiscalización y sanciones en cuanto a los tributos en general se refiere. El problema que se vislumbra es el poder centralizado en un funcionario de turno que por es nombrado por el Ejecutivo y esa situación puede convertirse en un arma política”.
En un intento de limitar la arbitrariedad de un funcionario, en el esquema que se está considerando para Panamá se podría requerir el análisis del Tribunal Administrativo Tributario para decidir si el caso amerita ser enviado al Ministerio Público.
Rubén Bustamante, experto en derecho tributario, dijo que se debe preparar a los fiscales, a los abogados, a los jueces y a la población y, además, defendió la creación de un tribunal específico penalista y tributario que vea los casos de defraudación fiscal.
El abogado tributarista José Javier Rivera también advirtió la necesidad de formar a los profesionales y recordó que “en una democracia tan débil como esta, sin haber llegado al nivel de constituirse como delito, ya se ha utilizado para tratar de amedrentar a las personas. Todo eso hay que ponderarlo antes de dar un paso de esa naturaleza”.
Por eso, defendió que “hay que tener la suficiente serenidad para no abocarse al tema por el simple deseo de salir de una lista o porque alguien está dictando una política internacional.
Consultado sobre el eventual uso intimidatorio de la potestad que tendría el Ejecutivo, el titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, dijo que “habrá personas que no están satisfechas y dirán que es persecución. En este momento lo estamos viendo cuando hay acciones evidentes contra el patrimonio del Estado y están argumentando que es persecución”.
Para el funcionario, se debe tener en cuenta que “Panamá es el único país de América Latina que no tiene tipificado el fraude fiscal como delito y como delito precedente de lavado de dinero”.
El ministro señaló que se consideraría delito la defraudación con dolo, es decir, una intención deliberada de evadir impuestos. Las deudas con el fisco no podrán ser castigadas con penas de prisión, según establece la Constitución.
Aunque todavía no se ha definido el umbral, también se establecerá un monto mínimo de dinero evadido, a partir del cual se considerará delito.