Los ocupantes de los hangares ubicados en la finca 196273 de Diablo se reunieron el pasado viernes para coordinar las acciones que seguirán tras la solicitud de desalojo que notificó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Luego de culminar la reunión, los usuarios informaron que el representante legal para defender sus derechos será el abogado Silvio Guerra.
La ACP envió una nota el 16 de abril a todos los que tienen talleres y residencias en ese lugar donde les informó que “ninguna ocupación o construcción en la finca 196273 está autorizada, y por tanto, todo ocupante en ella carece de título justificado de ocupación”.
Ante esta solicitud, Guerra alegó que el artículo 9 del tratado Torrijos- Carter tuteló y protegió de manera literal y expresa a quienes “en calidad de propietarios, usuarios o poseedores se encuentran en esta área y que el Estado panameño se comprometió a respetar el estatus de esas personas naturales y jurídicas”.
Guerra añadió que según el tratado, ante la eventual necesidad del Estado de tener que hacer uso del área tendrá que tener a los usuarios como primeros preferidos en la compra del inmueble si hubiere lugar o una previa compensación que tiene que darse.
Aunque la ACP no ha informado quú uso le dará a estos terrenos, existe una propuesta de construir un puerto de contenedores en el área de Corozal, muy cerca de este sitio, para atender la demanda de usuarios de estos servicios en el lado Pacífico.