Una actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) debería proteger las cadenas de suministro industriales existentes, pero podría buscar que los productos futuros tengan más contenido de trabajo de los países miembros para ayudar a combatir el desempleo, dijo uno de principales negociadores mexicanos del sector privado.
El Gobierno del presidente Donald Trump inició el jueves el procedimiento para la renegociación del Tlcan entre Estados Unidos, Canadá y México, lo que podría dar comienzo a conversaciones oficiales antes de mediados de agosto. Quienes defienden el Tlcan dicen que la integración de los bajos costos de México en las cadenas de producción ha salvaguardado el empleo al permitirle a América del Norte competir mejor con sus rivales de Asia y Europa.
Empresarios mexicanos dicen que endurecer las reglas que estipulan cuánto trabajo local debe tener un producto para calificar por la certificación Tlcan podría ser una forma de disipar los temores estadounidenses y allanar el camino para un acuerdo sobre la renovación.
Para Moisés Kalach, uno de los principales defensores del Tlcan en el sector privado mexicano, los funcionarios y los empresarios estadounidenses están cada vez más convencidos de que las cadenas de suministro actuales no deberían interrumpirse, pero que las futuras líneas de producción podrían adaptarse para generar más trabajo en la región.
“Obviamente, la innovación y la tecnología han estado cambiando la manera e incluso la forma en cómo se hacen los productos, y hay una oportunidad de tener algunos productos e innovaciones hechas con mucha más integración regional, sin perjudicar a las actuales líneas de producción”, dijo Kalach, quien encabeza el equipo internacional negociador del Consejo Coordinador Empresarial, desde Washington por teléfono.
“Esto es parte del potencial que queremos poner sobre la mesa y que queremos impulsar”, agregó, hablando luego de que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dio inicio el jueves al proceso de 90 días de consulta con el Congreso y otras instituciones sobre el Tlcan.