Dos de los cuatro consorcios que participaron en la licitación para la operación del astillero de Balboa afirmaron que la cláusula de equilibrio contractual a la cual ha recurrido el consorcio Mec Shipyards para solicitar que se le reduzca el canon fijo de $250 mil mensuales a $170 mil, no estaba prevista en el pliego de condiciones del acto público.
La licitación del dique seco de Balboa se realizó en 2012 con base en un pliego de cargos preparado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y adjudicado a Mec Shipyards, que obtuvo el mayor puntaje (91 puntos sobre los 100 establecidos) y ofreció $99.1 millones durante los 20 años de concesión o $250 mil al mes.
Las otras tres propuestas las hicieron los consorcios Panamá Dry Docks, $67.7 millones (71.2 puntos); Astillero del Pacífico, $38.5 millones (55.6 puntos) y Talleres Dry Docks, $36.1 millones (45.4 puntos). El ajuste para quedar en $170 mil al mes que pide Mec por supuestos problemas financieros quedaría igual a la oferta del grupo que llegó en segundo lugar.
“Las cláusulas económicas fueron claras y precisas y cada participante realizó su oferta de acuerdo a su capacidad, experiencia y proyecciones del negocio”, expresaron en un comunicado conjunto los consorcios Talleres Dry Docks y Astillero del Pacífico. Cada quien propuso un canon de arrendamiento fijo, de acuerdo a las expectativas de lo que produciría una concesión durante el término de la misma, añadieron.
Para los dos consorcios que no ganaron la licitación, evidentemente resulta discriminatorio frente a los proponentes originales, “ya que de haber tenido conocimiento de esto, sus propuestas hubiesen sido otras”.
El equilibrio contractual está bien definido por ley y los hechos que lo generan deben ser extraordinarios e imprevisibles y no puede ser utilizado como una excusa para obtener ventajas de ninguna naturaleza”, añaden.
El Estado debe apegarse estrictamente a lo que permite la ley y sus representantes no deben permitir que se alteren las condiciones de un contrato en su perjuicio, indicaron.
La solicitud se encuentra en la junta directiva de la AMP para su discusión y de ser aprobada, requerirá el refrendo de la Contraloría General de la República.