El presidente chileno, Sebastián Piñera, tomó una fotografía de su escritorio en el Palacio de La Moneda de Santiago. “¿Saben quién es?”, le preguntó a los periodistas. En la foto aparecía el presidente chino, Xi Jinping, hablando y gesticulando mientras un sonriente Piñera sostenía una copa de vino, pero la actitud amistosa presidencial no ha ayudado a llevar la iniciativa de la Franja y la Ruta de China a su última frontera latinoamericana.
Pese al respaldo de Piñera, la asociación público-privada para construir la primera línea ferroviaria de alta velocidad en la región está entrampada en una red normativa.
Más de un año después de que la estatal China Railway Group se uniera a la compañía chilena Sigdo Koppers en un consorcio denominado TVS (Tren Valparaiso-Santiago), funcionarios todavía analizan si el proyecto de $2,400 millones es de interés público, viable, racional desde el punto de vista ambiental, y legal. Los chilenos han visto proyectos ligados al programa de la Franja y la Ruta en países en desarrollo desmoronarse por las deudas y la corrupción.
“Donde hay inestabilidad y corrupción suele haber más facilidad para el desarrollo de infraestructura”, planteó Ariel Armony, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Pittsburgh y coautor de un libro sobre la evolución del papel chino en América Latina. “Participar en infraestructura en Chile es un nuevo nivel de madurez y experiencia en desarrollo para los chinos.”
La iniciativa de la Franja y la Ruta, que Xi lanzó hace cinco años, es una analogía moderna de la Ruta de la Seda, antigua red de vías comerciales.
China ha invertido billones -la cifra exacta es incierta- en obras de infraestructura en Asia, Oriente Medio, Europa, islas del Pacífico y América Latina, pero los proyectos en los países más pobres se han visto perjudicados por la corrupción y han creado fricciones al no considerar a funcionarios y residentes locales, de acuerdo con el Center for a New American Security, y por definición, hay menos dinero para ganar.
Ahora China apunta a países más ricos, pero las leyes más fuertes y las clases medias políticamente activas ofrecen nuevas dificultades. Por ejemplo, la Unión Europea y Estados Unidos se opusieron a la medida.