La tarifa energética seguirá congelada hasta enero de 2015, a pesar de que el calendario de revisión estipulaba que el 1 de julio se debía hacer un ajuste que implicaba un alza en la factura que pagan todos los usuarios.
El presidente Juan Carlos Varela dispuso seguir posponiendo la medida, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que evalúa la situación del mercado eléctrico y estipula cuánto dinero puede aportar el Estado para subsidiar la tarifa, con el fin de abaratar la cuenta de los consumidores.
Antes de aplicar el ajuste tarifario, el Consejo de Gabinete decidió desarrollar un plan de ahorro energético.
La idea, supuestamente, es que cada ciudadano reduzca su propio consumo energético, y se minimice el impacto del nuevo esquema, pendiente de aprobación desde la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
Las empresas distribuidoras estaban obligadas, por regulación, a publicar los ajustes de la tarifa 60 días antes de aplicarla cada semestre y darlos a conocer a través de un foro público antes de que entren a regir. Esto era aplicado rigurosamente por la Autoridad Nacional de los Servicios Eléctricos (Asep), pero la regla se cambió en la administración Martinelli, y desde el primer semestre de 2013 las tarifas pasaron a ser un tema desconocido.
La postergación de Varela en este semestre tendrá varios efectos para las finanzas estatales. Se calcula que el costo real del subsidio eléctrico este año será de $475 millones.
De este total, $410 millones corresponden al Fondo de Compensación Energética (FACE) y $65 millones al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), pero la administración Martinelli solo presupuestó $165 millones. Para cubrir el faltante, el Gobierno deberá aprobar créditos adicionales.
Ante la falta de dinero y el nivel de endeudamiento acumulado en el primer semestre, es un hecho que el actual Gobierno solicitará una dispensa del tope del déficit a la Asamblea Nacional.
De acuerdo con el MEF, indudablemente esta solicitud está relacionada con los más de $600 millones de gastos que la administración anterior aprobó vía créditos adicionales y con la sobreestimación de ingresos que hicieron en el presupuesto 2014, y también con la falta de planificación en política energética.
A pesar de la contención de gastos que se planea hacer por $590 millones, no se podrá cumplir el tope de déficit de 2.7% establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal vigente.
Ante ese escenario, entre finales de septiembre y principios de octubre, se solicitará una dispensa para que el tope del déficit pase de 2.7% a 3.7% del PIB, lo que permitirá al Gobierno endeudarse por $400 millones adicionales.
Elevado costo
$475
Millones deberán asignarse al pago del subsidio de energía este año.
$500
Millones es el monto destinado al alquiler de plantas eléctricas de emergencia por la sequía y otras cuentas, como consecuencia de no contar con la tercera línea de transmisión.