Panamá, como la mayoría de los países centroamericanos, tiene una jurisdicción más amplia sobre territorio marino que en tierra firme. Panamá es también considerado el productor y consumidor de pescado y mariscos más grande de Centroamérica
El sector pesquero y acuícola de Panamá genera empleos directos e indirectos para más de 34 mil panameños y panameñas. Sin embargo, la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada representa una amenaza para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo y para los medios de vida de estas familias.
Además, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, el pescado y los productos del mar son una gran fuente de proteínas de bajo costo, que sin duda representan una buena opción alimenticia para la población panameña.
Por eso, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) celebra la ratificación de Panamá del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en el problema de la pesca ilegal.
Este acuerdo, que entró en vigor en julio de 2016 con la ratificación de más de 30 países, hace más difícil que el pescado capturado de manera ilícita llegue al mercado, interrumpiendo un eslabón clave en la compleja cadena de suministro, que va desde el océano a la mesa del consumidor.
Esta iniciativa de la FAO es un paso que va más allá de la autorregulación del sector pesquero, del que la actividad ilícita supone cada año pérdidas de hasta 23 mil millones de dólares a nivel mundial.
Al adherirse a este acuerdo, y en coordinación con otras medidas importantes que Panamá ha implementado a través de la Autoridad de Recursos Acuáticos y Pesqueros, como el Diálogo Nacional para la elaboración del Plan Nacional de Acción para la Pesca y una nueva ley para este sector, el país podrá mejorar las oportunidades comerciales de la pesca y la acuacultura, garantizar la sostenibilidad de los recursos acuáticos y pesqueros, desarrollar sistemas de trazabilidad y etiquetado ecológico, y contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias panameñas.
Como punto de inflexión en la lucha contra la ilegalidad en el sector pesquero, este acuerdo es un paso concreto hacia océanos más sanos, como busca el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 de la nueva Agenda 2030, que Panamá y más de 190 países han ratificado.