La legislatura de Río de Janeiro aprobó ayer la privatización de la compañía de agua y alcantarillado del estado, cumpliendo con un requisito previo para recibir la muy necesaria ayuda federal.
El mes pasado el ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, y el gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, acordaron medidas destinadas a contrarrestar el déficit proyectado de Río de Janeiro de 26 mil millones de reales ($8 mil 400 millones) este año.
Ese acuerdo incluyó la privatización de la empresa de servicios públicos, conocida como Cedae, a cambio de 3,500 millones de reales ($1,134 millones) en préstamos de bancos estatales.
Las finanzas de Río están entre las peores de todos los estados brasileños en tanto sus cajas han sido destripadas por la caída de los ingresos petroleros y la recesión más profunda que el país haya registrado.
Incapaz de pagar salarios a todos los servidores públicos, el estado ha luchado para mantener los servicios básicos y lidiar con la amenaza de los paros policiales.
Los legisladores estatales apoyaron la privatización de Cedae incluso cuando cientos de personas protestaron contra esa y otras medidas de austeridad. Los legisladores federales aún necesitan votar sobre el plan de recuperación fiscal que Meirelles y Pezao acordaron.
El gobierno espera que la propuesta, una vez aprobada por el Congreso, sirva para la recuperación de otros estados en grave situación financiera como Río Grande do Sul y Minas Gerais.