Durante los primeros nueve meses de este año, el sector inmobiliario lideró los reclamos interpuestos por los consumidores ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
De las 326 quejas, 64 están vinculadas a propiedades con un valor estimado de $3.4 millones.
Los consumidores denuncian que la mayor infracción en la que incurren las inmobiliarias está relacionada con cláusulas abusivas. En este segmento se registraron 21 quejas, por un total de $2.2 millones.
Una queja por cláusula abusiva en un contrato inmobiliario, ocurre por ejemplo, cuando el promotor estima quedarse con la totalidad de la suma abonada por el consumidor si este desiste del proyecto inmobiliario.
Ante estas irregularidades, la Acodeco lanzó un modelo de contrato de promesa de compraventa con las inmobiliarias disponible para los consumidores, con la que busca acabar con los “contratos leoninos” y prácticas abusivas.
El texto detalla que, “si el comprador desiste de adquirir el apartamento o la residencia, antes del inicio de la construcción del edificio o la residencia, la inmobiliaria retendrá para sí en concepto de cláusula penal, los gastos administrativos incurridos a la fecha por la separación del apartamento o la residencia”.
En el caso de que el comprador desista de la vivienda, después de obtener los permisos de construcción del edificio o la residencia, la inmobiliaria retendrá para sí en concepto de cláusula penal, un porcentaje cónsono de las sumas abonadas para cubrir gastos administrativos incurridos desde la fecha de la separación del bien inmueble hasta la fecha del desestimiento. El resto de la suma abonada, la inmobiliaria se la debe devolver al comprador. La Acodeco señala que el uso de este modelo marco es opcional y no de carácter obligatorio.