RESCATE FINANCIERO

Puerto Rico no acepta medidas

El Congreso federal estadounidense creó una junta para resolver las finanzas de la isla, cuya economía lleva 10 años en recesión.

Puerto Rico no acepta medidas
Puerto Rico busca reestructurar parte de su deuda pública de $73 mil millones.

El gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló dijo que acudirá a los tribunales con el fin de disputar las medidas de una junta federal de control para recortar el sistema de pensiones públicas en 10%, cesar temporalmente a decenas de miles de burócratas y eliminar los bonos navideños.

Hizo sus comentarios en medio de crecientes tensiones entre su gobierno y la junta que supervisa las finanzas de la isla, la cual está sumida en una recesión desde hace 10 años. La junta, de siete integrantes, fue creada por el Congreso federal estadounidense.

“Cualquier vía para proteger al pueblo de Puerto Rico, sí la vamos a tomar”, afirmó Rosselló. La junta no puede imponer tales medidas unilateralmente para el 1 de julio sin el consentimiento del Gobierno de la isla, agregó. Un portavoz de la junta no respondió a una solicitud de The Associated Press para que hiciera declaraciones sobre el asunto.

La junta propuso que se den licencias forzosas sin goce de sueldo por dos días al mes a los maestros y cuatro días a otros empleados de gobierno a fin de reducir en $40 millones el gasto oficial cada mes. Además, todos los bonos de Navidad podrían ser eliminados para el año fiscal 2018.

Rosselló rechazó esta semana esas propuestas en reacción a una carta que la junta le envió a su gobierno esta semana.

“La junta de supervisión intenta ahora intimidar al Gobierno para que acepte el control de gastos”, afirmó el gobernador. Los recortes propuestos “conllevan la amenaza importante de imponer un serio lastre a la economía de Puerto Rico, la cual podría salirse de control rápidamente”, agregó.

La junta ha dicho anteriormente que esas estrategias entrarían en vigor si el gobierno de Rosselló no toma suficientes medidas de ahorro en momentos en que enfrenta un pasivo de casi $50 mil millones derivado de las pensiones y busca reestructurar parte de su deuda pública de $73 mil millones.

En una carta que le envió al gobierno de Roselló, la junta también le advirtió que se opone a los planes para generar ahorro “que sean inadecuados o mal ejecutados”.


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