El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, no acatará la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de reducir en dos días mensuales la jornada laboral de unos 140 mil empleados públicos.
“Como gobernador no acepto ni pondré en ejecución la reducción de jornada laboral sometida hoy por la Junta de Supervisión Fiscal”, ratificó.
El funcionario alegó que la ley federal Promesa, que da origen a la Junta de Supervisión Fiscal, no la faculta para imponer unilateralmente una medida como el recorte a la jornada laboral.
“La realidad que nos impone la injusta condición colonial en la que se encuentra Puerto Rico nos lleva a tener que lidiar con la Junta de Supervisión Fiscal, que por mandato del Congreso de Estados Unidos fue creada e impuesta a nuestro pueblo”, dijo Roselló.
De acuerdo con el gobernador, el recorte de jornada tendría un efecto devastador en términos económicos para Puerto Rico. “Representaría un golpe de 340 millones de dólares a nuestra economía”, subrayó.
La JSF impulsó la reducción de la jornada laboral porque el Gobierno de Puerto Rico ahorró 218 millones de dólares menos de lo requerido. Con excepción de los miembros de la Policía de Puerto Rico, el recorte de jornada afectaría también a los empleados de las corporaciones públicas, lo que permitiría al Gobierno ahorrar 188 millones de dólares durante el presente año fiscal 2017-2018.
La disminución de la jornada laboral se podría extender hasta principios del próximo año fiscal 2018-2019, lo que implica una reducción de un 10% en el salario de los empleados públicos.