Opositores buscaban aprobar ayer en el Senado argentino una ley que bloquearía la impopular subida de las tarifas de gas, luz y agua aplicada por el Gobierno en el marco de un ajuste con el que quiere ganarse la aprobación de los mercados.
El presidente Mauricio Macri, un conservador que llegó al poder en diciembre de 2015, tiene decidido vetar la ley de ser aprobada.
El mandatario impediría así que se retrotraigan las tarifas a los valores de noviembre de 2017, como desean los opositores, pero sufriría un alto costo político y ante la opinión pública, que afronta subidas de gas de hasta 40%.
El proyecto -que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados- cuenta con el amplio respaldo de los peronistas, algunos de los cuales responden a la senadora y expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), una de las mayores referentes opositoras al gobierno. El oficialismo carece de la mayoría en la cámara alta.
Al abrir el debate, el senador peronista José Mayans defendió los puntos del proyecto que declaran la “emergencia tarifaria” hasta el 31 de diciembre de 2019, retrotraen los precios a noviembre de 2017 y establecen que las tarifas para los trabajadores no superen el coeficiente de variación salarial.
“A mayor justicia social, mayor paz social... y el que no quiere entender esto veremos las consecuencias”, sostuvo. Poco antes, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había dicho que el Congreso no tiene atribuciones para decidir las tarifas y que el proyecto mina la confianza internacional en el país. “Tenemos que dar claras señales al mundo que ahora nos mira con mucha inquietud... no vamos a dudar un instante en hacer las cosas que tenemos que hacer”, dijo Frigerio al ratificar el eventual veto presidencial de la iniciativa.
El senador Miguel Ángel Pichetto -líder de uno de los bloques peronistas- replicó que la aprobación de la norma sería “un mensaje político del Congreso” al gobierno de que “hay poca tolerancia social de cara a los aumentos fuertísimos que se están dando no solo en los servicios sino en todos los insumos de la canasta familiar”.
La iniciativa opositora obliga a las empresas de servicios a garantizar “crédito” a favor de los usuarios si entre noviembre de 2017 hasta la promulgación de la ley hubieran abonado un monto mayor al que les correspondería.
El oficialismo propone rebajar el IVA a los servicios para usuarios residenciales y empresas. Macri sostiene que “no hay otro camino” que actualizar las tarifas y advirtió que lo que propone la iniciativa generaría un “agujero fiscal” que el gobierno “no tiene dinero” para cubrir. El alza tarifaria es producto de la eliminación de millonarios subsidios que mantuvieron las tarifas congeladas durante la gestión de Fernández.