En delito de abuso de autoridad incurrirá el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Roberto Moreno, con la puesta en funcionamiento del sistema de cámaras vigilantes de velocidad de automóviles que entra a regir en el presente mes de junio.
Así lo considera el abogado, Víctor Martínez, demandante del contrato de cámaras vigilantes celebrado entre la empresa Traffic Safety Panamá y la ATTT ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 13 de noviembre de 2012.
Martínez asegura que no logra entender cómo el director de Tránsito “antes de entregar la dirección de la Autoridad de Tránsito esté manifestando que se pondrán a funcionar estas cámaras cuando él sabe perfectamente que están demandadas en la Sala Tercera de la CSJ”.
Moreno, en declaraciones formuladas ayer en una entrevista en TVN, reveló detalles de la reactivación del sistema de cámaras vigilantes o “fotomultas”.
“[En] el tema de las cámaras va a continuar su proceso. Ya la empresa logró instalarlas (...) y ahora está el proceso de verificarlas todas y ver si están completamente reguladas”, adelantó el funcionario en la entrevista.
El sistema de fotomultas funcionará desde este mes de junio mediante la imposición de “sanciones morales”, y “le tocará a la siguiente administración [decidir] si comienza a partir de julio” con las multas económicas.
El abogado Martínez considera que Moreno debía primero esperar el pronunciamiento de la CSJ sobre la nulidad del contrato, porque en caso de que prospere la acción los conductores multados “pueden pedir su indemnización y con esto se generará un detrimento patrimonial para el Estado”.
La demanda se fundamenta en el modelo del contrato y las tarifas fijadas.
Mediante el empleo de cámaras filmadoras –de las cuales ya se han instalado 20, reveló Moreno–, Traffic Safety registra las infracciones por exceso de velocidad y otras faltas de tránsito como circular en los “hombros” de las calles.
La ATTT pone a disposición de Traffic Safety la base de datos y la información contenida en la página de Sertracen, empresa que da el servicio de licencias de conducir.
Los infractores serán notificados por la ATTT a través del correo electrónico, por teléfono o cuando se haga el revisado del auto, explicó Moreno.
“El tema económico queda así: 65% para la ATTT y 35% para la empresa; lo cierto es que la autoridad es la que cobra, y verifica si las multas fueron legalmente [impuestas] o hay que reconsiderarlas”. El Estado transfiere a Traffic Safety el 35% del cobro de cada multa, una comisión ventajosa si se considera el millón de autos en el país, la mayoría en la ciudad capital.
En cuanto a la vigencia del contrato, contenida en su cláusula número 5, Martínez la califica de excesiva al “extenderse por un período de 10 años prorrogables a otros 10”. Y denuncia la cláusula número 8, referente a las ventajas económicas del contratista. “Queda facultado para vender información y estadísticas a terceros”.
La Asociación Nacional de Arrendadoras de Vehículos (ANAV) también demandó el contrato ante la CSJ y se valió de los mismos argumentos jurídicos presentados por Martínez.
la polémica
El 7 de junio de 2012 se inauguró el sistema de “fotomultas” con una cámara ubicada en Costa del Este. Pero en ese entonces la entidad pública recibía el 35% de la recaudación y la concesionaria el 65%; una distribución inversa de los porcentajes anunciados ayer por Moreno.
La cámara de Costa del Este funcionó durante un período de dos semanas, registró dos mil infracciones y cobró una tarifa de 50 dólares por multa para recaudar un total de 100 mil dólares. Su operación se detuvo el 22 de junio por decisión de la ATTT.
Fuentes cercanas a la Dirección de Tránsito destacan que el concesionario debe invertir 3 millones de dólares durante el periodo de la concesión. Aunque no determinan el periodo en el que se deben hacer las inversiones y cuáles son las sanciones por incumplimiento.
Si el contratista invierte 3 millones de dólares y en 2012 se obtuvieron 100 mil dólares con la operación de una cámara durante 15 días, es probable que Traffic Safety recupere su inversión en cinco meses porque ahora funcionan 20 filmadoras y recibe el 35% por multa cobrada.
En el momento de la inauguración de la cámara de Costa del Este se presentó una fuerte polémica porque Ricardo Chanis Correa, en representación de Traffic Safety, firmó el contrato con la Autoridad de Tránsito.
Chanis Correa ha tenido vínculos cercanos y empresariales con la familia Martinelli. El 21 de julio de 2009 fue designado como miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros por el presidente saliente, Ricardo Martinelli.
Preside y representa al Grupo Editorial Epasa, editora de los diarios Panamá América, Crítica, Día a Día y PM. En este negocio el mandatario admitió en su momento tener una participación importante.
En la tarde de ayer este medio se comunicó por teléfono con Chanis Correa para formularle unas preguntas relacionadas con el sistema de las “fotomultas”.
Pidió el favor de que se le enviara el cuestionario a su correo electrónico. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta alguna.
En el cuestionario se inquiere a Chanis si continúa vinculado con la empresa Traffic Safety, se le consulta sobre la demanda ante la Corte, y las obligaciones a cargo del contratista.
También se le pregunta la manera y el momento como se le otorga el contrato a Traffic Safety por parte de la ATTT.
Rentable Operación
35%
Comisión que cobrará Traffic Safety por cada multa impuesta a través del sistema de ´fotoboletas´. El pacto inicial le permitía a la empresa quedarse con el 65%.
2012
Hace dos años se activó el sistema de vigilancia vial con una sola cámara instalada en Costa del Este. Pocos días después, se apagó el sistema.
