La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha hecho 615 inspecciones y auditorías a entidades financieras desde 2015, reveló el jefe de la entidad reguladora, Ricardo Fernández. Como resultado de estos procesos, se han abierto alrededor de 50 procesos sancionatorios, de los que 39 han sido concluidos.
El resto está en distintas etapas de un procedimiento que tiene distintas instancias: el regulador impone la sanción a través de una resolución firmada por el superintendente; en primera instancia, el banco puede solicitar la reconsideración a la propia SBP. Si mantiene su decisión, entonces la compañía puede recurrir ante la junta directiva de esta entidad, que decidirá si mantiene, rebaja o retira la sanción. Si el banco no está conforme, la última instancia es la sala III de la Corte Suprema de Justicia.
Fernández explicó que las principales deficiencias detectadas tienen que ver con la cantidad de personal dedicado al área de cumplimiento y su experiencia, así como la capacitación y actualización, teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años se han aprobado más de 20 regulaciones solo en materia de prevención de blanqueo de capitales.
La creación de un nuevo marco legal ha llevado a los bancos a alinear los controles y los procedimientos a los nuevos requerimientos.
El superintendente señaló que han visto “mejoras significativas” en las inspecciones realizadas.
“Los bancos han reforzado el proceso de cumplimiento, han mejorado controles y sistemas, así como las medidas correctivas”, añadió.
Un adecuado engranaje del área de cumplimiento es importante, porque “si hay algo que no está bien, te da la alerta y puedes investigarlo, reportarlo y tomar las acciones pertinentes”.
El fortalecimiento del sistema financiero es una de las cartas de presentación de Panamá ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que evalúa el nivel de avance del país en la lucha contra el blanqueo de capitales y que el próximo mes de junio decidirá si Panamá regresa a una lista gris de países con deficiencias.
Consultado sobre las expectativas ante esta decisión, Fernández dijo que algunos funcionarios de Gafilat han hecho comentarios positivos sobre cómo se está reforzando el sector, aunque también hay retos, como las sociedades anónimas y el hecho de que la ley que penaliza la evasión acaba de ser aprobada y no tiene un margen para demostrar efectividad. “Panamá esto lo sustentó muy bien, pero ellos tienen la última palabra”, planteó.
Fernández abogó porque todos los países y centros financieros cumplan los estándares en materia de cumplimiento. Si así fuera, dijo, no hubiese casos como el acontecido con la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, ni otros sobre temas societarios, porque si un banco en Europa está haciendo un buen proceso, no permitiría la apertura de la cuenta.